Inseguridad rural en la mira

Antiguo como la propia producción ganadera, en pleno siglo XXI el cuatrerismo sigue siendo en la Argentina -a pesar de las pérdidas que acarrea- un delito excarcelable. Los proyectos de ley y la lucha que se debe dar.

Si bien es relativamente fácil sustraer el ganado de los campos, es complicado deshacerse del cuerpo del delito.
Trasladar, faenar, y comercializar con rapidez e impunidad al ganado sustraído no es una tarea que los delincuentes puedan efectivizar impunemente; salvo que, actuando tan sólo con mano de obra barata de alguna organización delictiva mayor, cuenten con aguantaderos, zonas liberadas, plantas de faena, transportes, locales comerciales, cadenas de comercialización, asesoramiento jurídico y/o elementos enquistados en distintos estamentos de los organismos de control, prevención e investigación.
Estas circunstancias originan sospechas e interrogantes de toda naturaleza que, en muchos casos, sobrevolarían altos niveles del poder económico y político .

La lucha

La lucha contra el cuatrerismo es una obligación irrenunciable de los funcionarios que integran el Poder Judicial de las Provincias y de la Policía que actúa bajo sus órdenes. Las falencias que exhiban dichas autoridades no puede solucionarse como, por ejemplo, pretenden algunos intendentes, funcionarios y dirigentes agropecuarios bonaerenses, descendiendo en el nivel jerárquico hasta otorgarle competencia para disponer arrestos y allanamientos a funcionarios municipales, aunque éste sea Juez de Paz, al que la Constitución bonaerense atribuye el conocimiento en “faltas provinciales, y en causas de menor cuantía y vecinales”. La lucha contra el abigeato, debe conllevar la imprescindible decisión política en el más alto nivel.

Esto permitirá iniciar un círculo virtuoso donde figuren: el control sistemático de todas las plantas de faena y lugares de comercialización, una brigada de cuatrerismo especializada e incorruptible, una justicia dispuesta a investigar a fondo todos los casos de robos de ganado registrados, jueces y fiscales con profundos conocimientos de los usos y costumbres rurales y la modificación de los códigos de procedimientos para que establezcan penas de cumplimiento efectivo, y todo el conjunto se empeñe a fondo en la lucha contra el cuatrerismo organizado y la faena clandestina, delitos que ponen en permanente riesgo la vida y los bienes de los integrantes de la familia rural.

Reformas

Una de las reformas sería a la ley 23588 inciso 1 del Art. 163 del Código Penal, al considerar que en la actualidad existen medios mecanizados y ágiles que permiten el transporte del ganado agravando los daños, de por sí devastadores que produce el accionar delictivo. Con estos recursos (medios motorizados) al dificultarse el control en virtud de las razones del objeto (ganado) y del lugar (medio rural) se obstruye la acción de la justicia y de las fuerzas policiales al apoderarse en algunas circunstancias de rodeos enteros y logran en poco tiempo alejarse del lugar.

Presentación

La legisladora del A.R.I, Mirta Atrip sostuvo que los delitos rurales se han incrementado en esta época estacional como consecuencia de las transacciones de cereales y mayor flujo comercial, siendo un blanco propicio para los delincuentes, que se aprovechan de los lugares despoblados y distantes de las zonas urbanas. Indicó la diputada del ARI que la sensación de inseguridad no es patrimonio de las grandes ciudades, sino que ahora con la rutas y grandes autopistas, se ha facilitado que también resulten inseguros los establecimientos rurales o quintas de descanso.
»Resulta necesario que el Ministro de Seguridad y la Policía Bonaerense mejoren los operativos de control y prevención de delitos, en las zonas rurales del interior»- destacó

Proyecto

El proyecto que se aprobaría en el 2004 dictamina que el abigeato «es considerado como agravante de los ilícitos por la situación de indefensión y aislamiento en que se encuentran los pobladores rurales ante las nuevas modalidades delictivas con manifestaciones de alta violencia».

Además de precisar que el establecimiento rural es un inmueble destinado al desarrollo de actividades agropecuarias, la propuesta incluye como hurto «los productos separados del suelo, las maquinarias, instrumentos de trabajo, agroquímicos, fertilizantes otros insumos similares, alambres y cercos».
Los legisladores proponen reprimir con prisión de 2 a 6 años al que se apoderase de una o más cabezas de ganado mayor o menor ubicadas en un establecimiento, elevando la pena de 3 a 8 años cuando el robo ascienda a 5 o más cabezas.

La penalización será de 4 a 10 años cuando el abigeato se realice con falsificación o supresión de las marcas de identificación del ganado y participen del robo personas dedicadas a la crianza, faena y comercialización de hacienda, miembros de las fuerzas de seguridad o funcionarios públicos. Además, se les aplicará una «inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena», y deberán afrontar una «multa equivalente de 2 a 10 veces el valor del ganado sustraído».

Asimismo propone la inhabilitación especial de hasta 10 años para los funcionarios públicos que, sin haber participado del delito de abigeato, faciliten el «transporte, faena, comercialización o mantenimiento del ganado, sus despojos o subproductos, conociendo el origen ilícito» de la hacienda.