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06/11/2003
Recuerdos del Futuro

Cincuenta años de historia ciudadana


ojeda07nono (13k image)En el marco de los actos organizados por la Comisión Provincial de la Memoria estuvo en nuestra ciudad Graciela Ojeda.


La ex colonense trabaja en los archivos de inteligencia de la policía bonaerense recuperados en l998.


En la actualidad Graciela Ojeda trabaja en los archivos de la DIPPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense). En total existen 300 mil fichas que deben ser clasificadas a través de un peritaje.


En los archivos se encuentran la historia de muchos ciudadanos vistos a través de un organismo de inteligencia en épocas democráticas y dictatoriales.


La ex colonense, en l993, trabajo en los archivos de la Conadep y en la actualidad se volcó a una apuesta para el futuro como es «combatir el trabajo infantil»


«Quiero salir de todo esto porque es como llevar perpetuamente una pesada mochila « dijo la visitante y agregó «por eso apuesto al futuro, realizando este trabajo en la Secretaria de Derechos Humanos».


Como se recordará, Graciela Ojeda, ex esposa de Dante Gullo, fue raptada en el Proceso Militar por un comando de una docena de personas, cuando ocupaba una quinta ubicada en el barrio Rivadavia y que compartía con su padre y sus hijos menores.


Los secuestradores llevaron a la mujer a Puente 12, donde en el Proceso Militar existía un centro clandestino de detención (Autopista Richieri y Camino de Cintura).


Una semana después y luego de ser torturada fue liberada en Acceso Norte y obligada a subir a un ómnibus de la empresa Chevallier que la trajo de regreso a Colón.

Los archivos


Graciela Ojeda dejó abierta la posibilidad que de encontrar fichas de colonenses, estas puedan ser entregadas a la Comisión de la Memoria local para poder ser observadas en nuestra ciudad.


La historia de estas fichas es por demás subjetiva. Una repartición policial de Argentina persiguió y registró la actividad de personas y de una amplia gama de organizaciones sociales por 40 años, logrando sobrevivir a gobiernos democráticos que se intercalaron a las dictaduras.


La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), el distrito más habitado del país, llevaba un seguimiento meticuloso de asuntos, personas y organizaciones en unas 300.000 fichas que salieron parcialmente a la luz a través de la Comisión Provincial de la memoria que preside Estela Carlotto.


En l998 la DIPPBA por intervención gubernamental de la policía provincial disolvió esa repartición de inteligencia fundada en 1957.


La Comisión de estudio es dirigida por Adolfo Pérez Esquivel, galardonado con el premio Nobel de la Paz por denunciar las violaciones de los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar (1976-1983), y por Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, el grupo fundado para buscar a los niños desaparecidos por el Proceso Militar.


La cantidad de material confidencial recogido por la desaparecida oficina suman más de 3,5 millones de folios y, si bien la tarea de digitalización y clasificación no está completa todavía para la apertura total.
El archivo es el más importante que se encontró hasta ahora sobre la última dictadura.


El mismo muestra además la continuidad de mecanismos del aparato represivo que vienen de los años 30 y siguen vigentes con mayor o menor visibilidad a nivel nacional o en determinadas provincias.


Las persecuciones de la DIPPBA comenzaron en 1957, dos años después del golpe de Estado que terminó con el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, y se extendió luego en los sucesivos gobiernos y regímenes militares.


Entre los datos clasificados se cuentan informes sobre «el comunismo en Argentina», escritos de protestas, reconocimiento de infiltración en asambleas o actos políticos, seguimiento de personas vinculadas a organizaciones sociales y hasta un curioso informe denominado «Infiltración marxista en la administración pública provincial», datado en 1974.


En el último periodo las pesquisas y documentos fueron reemplazados por recortes periodísticos, incluyendo episodios como el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (1994), en el que murieron 85 personas y por el cual están procesados policías de la provincia de Buenos Aires.


El registro también contiene un área específica de información del periodo dictatorial, pero ese segmento aún está bajo custodia de la Cámara Federal de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, que investiga la verdad sobre el destino final de las personas desaparecidas durante la dictadura en ese distrito.


Graciela Ojeda, trabaja en las pericias de las fichas y reveló que las mismas ponen en evidencia los individuos de la comunidad que fueron espiados y perseguidos durante casi medio siglo por el Estado.


El equipo de la Comisión también está compuesto por expertos en informática de la estatal Universidad Nacional de La Plata, encargados de la conservación y digitalización del archivo, que aún está en plena tarea para que se pueda acceder a los documentos mediante palabras clave.


Otro grupo está conformado por antropólogos, historiadores y comunicadores sociales designados por la Comisión para realizar el relevamiento de todos los documentos, el mapeo y la desclasificación.


En los archivos no está el delito común si no el delito social, político o subversivo, que incluye la normal actividad de estudiantes, artistas, trabajadores, sindicalistas o líderes religiosos.


En los archivos abiertos existen volantes, afiches y documentos más complejos de sindicatos, federaciones estudiantiles o partidos políticos, que los propios actores no conservaron.


Los archivos podrán ser consultados sólo en 2004, cuando se finalice la tarea de organización de la información, con una prioridad para las personas que hayan sido damnificadas por la última dictadura militar.


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