Aumentan los femicidios en todo el país

Un grupo de organizaciones advirtió el incremento de femicidios en el país, donde una mujer muere cada 30 horas, y manifestó "profunda preocupación" por la violencia institucional y discriminación por motivos de género, en el marco de actos y marchas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La organización internacional cuestionó la criminalización de las mujeres por el aborto, en situación de prostitución, en contextos de violencia de género y por daños ejercidos por sus parejas contra sus hijos, y advirtió la falta de aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad, entre otros puntos.
En ese sentido, sostuvo que "los códigos contravencionales y de faltas operan como herramientas de criminalización de mujeres y trans en prostitución" y dijo que esas normas "permiten el ejercicio de formas de violencia institucional y policial contra ellas, incluida la violencia física, sexual y económica".
Aministía expresó en un informe que si bien el Código Penal incorpora causales generales de justificación o eximición de pena por el ejercicio de la legítima defensa, "las interpretaciones legales androcéntricas suelen excluir de sus alcances a las mujeres que, en defensa propia o de sus hijos, resisten los ataques de sus agresores".
"La criminalización de estos casos, además de configurar un tratamiento discriminatorio, envía un mensaje a la sociedad de que no es legítimo defenderse de la violencia de género, y coloca a las mujeres en el dilema entre preservar su vida y su integridad, o la cárcel", advirtió.
Asimismo, afirmó que "es usual" que se impute o se investigue a mujeres por delitos que sus parejas o ex parejas cometieron sobre sus hijos, "por considerar que omitieron prestar deberes de cuidado propios de su condición de madres", y sostuvo que "muchas veces estas imputaciones revelan distintos estereotipos de género, que afectan el derecho de las mujeres a un juicio justo e imparcial".
La organización internacional, junto al ministerio Público de Defensa de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (Amja), reclamó "eliminar las prácticas de violencia institucional y garantizar el acceso a la justicia sin discriminación".
En ese sentido, pidió "estadística clara, veraz, actualizada, sistematizada y de publicación regular, atenta a la variable de sexo-género en materia de persecución penal y de población carcelaria".
"La revisión de los marcos normativos sancionatorios y procesales que impactan negativa y desproporcionadamente en las mujeres y en las personas trans", es otro de los reclamos de las organizaciones, entre las que se encuentran la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (Ampa) y el Observatorio de Género en la Justicia porteño.