En ese sentido, la Defensoría planteó la necesidad de extender la vigencia del certificado hasta la fecha de la evaluación que realiza la Junta Descentralizada de Discapacidad de cada municipio, la que tiene a su cargo ponderar la situación de las personas que se presentan para tramitar la renovación.
La intervención de la Defensoría, en rigor, apunta a resolver las demoras que sufrían las personas con dis-capacidad, para obtener los turnos necesarios para acceder a la evaluación, indicó el organismo en un comunicado.
El responsable del Área de Discapacidad de la Defensoría, Sergio Nahabetian, consideró que "con esta medida se lleva tranquilidad a todos los que deben renovar el Certificado, para mantener la cobertura de la obra social, las pensiones y la gratuidad del transporte, sin inconvenientes".
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