Lo se trataba de realizar escuchas telefónicas, algo que sólo puede hacerse con orden judicial a través de la Secretaría de Inteligencia (ex-Side), sino de obtener sábanas telefónicas con el cruce de llamadas, los titulares de líneas de teléfonos y los mensajes de texto.
Ese procedimiento sólo puede solicitarse a las empresas de telefonía con autorización judicial, y cualquier investigación que se realice por fuera de esta norma constituye un delito. Entre los titulares de los teléfonos, hay personas domiciliadas en barrios de clase medio-baja, una cantera de La Calera y hasta el teléfono fijo de un colegio privado de Córdoba. También figuran empresas y particulares de Buenos Aires, Río Cuarto, Villa Carlos Paz, General Deheza, Corral de Bustos, Villa María, Villa del Rosario, Villa María de Río Seco, Rafaela (Santa Fe), Pergamino y Bolívar (Buenos Aires). Y varios números que ya fueron dados de baja.
Por esa razón, están procesados desde marzo último dos policías que habían sido imputados en 2009. Uno de ellos es todavía Jefe de Delitos Complejos, comisario mayor Ariel Ángel Ávila, quien interviene por ejemplo en el caso de un secuestro extorsivo y de quien depende la División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones (Daic). Entre fines de 2007 y 2009, Ávila era jefe de la Daic y con él trabajaba el entonces sargento Rubén Adrián López, el otro procesado.
Los teléfonos
El sobre que había llegado hasta tribunales contenía los documentos que desde la Daic se enviaban por fax a empresas de telefonía y detallaban nombres y teléfonos. Centenares de números de teléfonos fijos y celulares que no habían sido solicitados por ningún juez o fiscal. Números que eran agregados para obtener información de personas y empresas que no estaban siendo investigadas judicialmente. ¿Quién las investigaba, entonces? ¿Para qué?
La persona que envió la información la hizo llegar al Juzgado Federal N° 2 porque muchos de los oficios falsificados eran de allí (había también de otras dependencias federales y de fiscalías y juzgados de Control provinciales; serían más de 40). Pero la causa terminó abriéndose en el Juzgado N° 3, que estaba de turno. Además de agregar números que no habían sido solicitados por autoridades judiciales, la fiscal federal que impulsó el caso, Graciela López de Filoñuk, encontró que en varias ocasiones se usaron papeles con membretes judiciales y se les insertaron fotocopias de las firmas de jueces y funcionarios judiciales para darles apariencia de oficiales.
Al terminar la lectura del expediente judicial D-588/09, que lleva la carátula "N.N. S/Denuncia", queda una pregunta sin resolver: ¿para qué los policías acusados habrían realizado semejante maniobra?. Justiniano Martínez, el abogado de Ávila, aseguró que su defendido actuó de buena fe.
"El reproche es haber requerido informes para fines personales, pero no fue así. Siempre fue a pedido de personal jerárquico o de autoridades judiciales, para avanzar con investigaciones del momento. Podrá haber habido alguna improlijidad por la forma en que se requirió esa información", intentó explicar.
El letrado insistió en que nunca se pidieron intervenciones telefónicas, sino sólo sábanas. "La sábana no está protegida como una conversación", dijo.
Diferentes fuentes expertas en escuchas y rastreos telefónicos, que accedieron a dialogar bajo la condición de preservar su anonimato, brindaron un panorama de cómo se opera con las sábanas telefónicas.
Con ellas, cualquier investigador avezado es capaz de inferir no sólo los contactos de una persona, sino también su domicilio y círculo familiar más íntimo, porque aparecen, además de los números de las llamadas entrantes y salientes, las antenas que tomaron esas comunicaciones. Eso permite definir un radio de la ubicación del usuario.
"No entiendo por qué 'truchaban' los oficios, si eso no hace falta. Hasta hoy, en cualquier investigación, cuando se le manda el oficio al fiscal solicitándole que autorice el pedido de las sábanas telefónicas, los policías pueden agregar cualquier número que quieran. Siempre hay alguien que pide que le pongas algún número que le interesa en particular, aunque no tenga nada que ver con la causa", confió una de las fuentes.
Un fiscal puede ser engañado, por ejemplo, si un investigador policial le argumenta que un informante anónimo le pasó esos datos o que los encontró en alguna libreta secuestrada en un operativo relativo al caso.Se pueden favorecer según los informantes, desde empresas de "detectives privados" que cobran a particulares para develar infidelidades amorosas, hasta empresarios interesados en detectar movimientos de la competencia.
En el caso de una licitación, por ejemplo, a partir de las sábanas del competidor "investigado", más un entrecruzamiento de números de teléfonos, el policía podrá inferir en su informe si está en contacto con otras personas ligadas al proceso. Otro "servicio" que se ofrece de manera usual es el seguimiento de algún empleado del que sus patrones sospechan "infidelidad laboral". "Después, con el listado de llamadas que hizo, al comprobar que sí estaba en contacto con la competencia, por ejemplo, lo sientan a este empleado y lo obligan a renunciar. En realidad, se trata de una extorsión, porque la prueba que consiguió la empresa es nula, es ilegal", agregó otra de las fuentes. (Datos la Voz del Interior)
|
