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06/04/2014
Provincia de Buenos Aires

La emergencia en seguridad pública


El gobernador Daniel Scioli decretó la emergencia en seguridad pública, una medida que le permitirá incorporar 5 mil policías retirados, invertir 600 millones de pesos en equipamiento, construir alcaidías y nuevas cárceles, crear fiscalías y defensorías y endurecer excarcelaciones y penas por tenencia de armas con el objetivo de “aplicar todo el peso del Estado presente sobre los delincuentes”....


Scioli anunció la medida, que regirá por un año a partir de ahora, durante una conferencia de prensa junto a la totalidad de su gabinete, en la que dijo que “la población sufre el ataque cruel y salvaje de una delincuencia de características violentas sin precedentes y que demanda respuestas del Estado para revertir esta situación”, aunque admitió que la situación no se resolverá “ni fácil ni rápidamente”.


El Gobernador buscó tomar así la iniciativa en medio de un clima social enrarecido por la reiteración de casos de violencia ciudadana contra ladrones, una situación que abrió un fuerte debate en los últimos días, y por una sucesión de robos violentos. El contexto incluye la difusión de un estudio de la Procuración de la Corte provincial, según el cual el 75% de los casos denunciados de ese tipo no tiene autores identificados.


La emergencia que rige ahora en todo el territorio bonaerense permitirá, según indicó el mandatario, “fortalecer el combate frontal contra el delito y proteger la vida y los bienes de la ciudadanía”. Al mismo tiempo que anunció la batería de medidas punitivas, Scioli citó al Papa Francisco, al señalar que “hasta que no se revierta la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad, será imposible erradicar la violencia”.


En ese marco, el Gobernador convocó a “todas las fuerzas políticas y sociales” para “dar esta pelea juntos”, al tiempo que dispuso que el Consejo de Seguridad Provincial, la Mesa Provincial de Justicia y la Federación Argentina de Municipios entren en sesión permanente. Y destacó que allí “están expresados todos los sectores políticos”, aunque no hizo menciones al Gobierno nacional como parte del esquema, pese a que el viernes se reunión con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.


MEDIDAS POLICIALESLa batería de disposiciones que anunció Scioli incluye una convocatoria “obligatoria”, que estará vigente desde el lunes y hasta que expire la emergencia, a agentes policiales y penitenciarios retirados (que no hayan sido exonerados) para que se reincorporen al servicio. Según se explicó se espera sumar 5 mil hombres que recibirán una “compensación” que no se especificó pero que se sumará a la jubilación que ya perciben.


Se trata de una medida que, en su versión “opcional” recibió un fuerte rechazo, que se expresó en la casi nula inscripción de policías para reincorporarse al servicio. Sindicatos de policías retirados denunciaron además que debido a cambios en el sistema de escalafonamiento, hay muchos efectivos que todavía no perciben la jubilación como corresponde y en ese marco se mostraron molestos por la obligatoriedad dispuesta ahora.


Precisó, en tanto, que espera incorporar unos 5 mil agentes por esta vía y reafirmó que a fin de año se recibirán otros 10 mil de los 22 mil que se están formando en las escuelas descentralizadas. Este anuncio se da luego de que fracasara una convocatoria voluntaria en ese sentido, que no registró casi pedidos Además, el mandatario pidió que la Legislatura que apruebe el proyecto de ley para crear policías locales, a través del cual se sumaría, en el mediano plazo, unos 15 mil efectivos, según estimaciones del ministerio de Seguridad provincial.


La policía también verá reforzado su equipamiento con mil patrulleros equipados, 10 mil armas con municiones y 30 mil chalecos anti balas, que costarán unos 600 millones de pesos que serán financiados con parte del excedente del Banco Provincia. También dispuso que para los 40 mil agentes de seguridad privada pase a ser “obligatorio” comunicar y coordinar con la Bonaerense ante “cualquier situación de riesgo”.


También ampliarán a 42 comunas del Conurbano el sistema de comando de patrullas, que hoy funciona en 13. Y se anunció que “ya está adjudicada” la ampliación del sistema de emergencia 911 “a toda la provincia”, una medida que ya se adelantó varias veces pero que hasta ahora no se concretó.


En cuanto a la problemática de los llamados “motochorros”, dejó en manos de los municipios “la facultad de establecer medidas restrictivas de horarios y de zonas de circulación de motos para que transiten sin acompañantes”, al tiempo que anunció la “reglamentación inmediata” del uso de chaleco reflectante y casco con la patente” del vehículo.


PLANO JUDICIALEn el plano judicial, el gobernador adelantó la creación de 50 fiscalías con competencia criminal y 20 defensorías, una medida ya acordada con la Procuración de la Corte. Y también el envío de un proyecto de ley para crear 10 fiscalías especializadas contra el narcotráfico que apuntarán a perseguir el costado económico de ese delito.


La provincia también impulsará un proyecto de ley nacional que impone penas no excarcelables y de cumplimiento efectivo por tenencia de arma de fuego sin autorización, que se suma a la equiparación de las figuras de tenencia (poseer un arma no declarada) y portación (llevar un arma no declarada al momento de ser detenido).


Scioli insiste así con su idea de limitar el uso de armas, luego de que la Suprema Corte dejará sin efecto una ley que imponía a los jueces denegar la excarcelación en los casos de portación de arma n o declarada. A la vez, la limitar las excarcelaciones, ahora se suma un proyecto de ley que dispone que el trámite se realice en audiencia oral y pública.


También dijo que se crearán 8 nuevas alcaidías para terminar de sacar presos de las comisarías con capacidad para alojar a 1000 detenidos y 4 cárceles, que tendrán capacidad para 2 mil reclusos y costarán 2 mil millones de pesos que aportará Nación a través de un Fondo Fiduciario específico.


¿BAJA DE EDAD?En su discurso, Scioli volvió a resaltar que “nuestra Nación se debe el debate respecto a un nuevo régimen penal juvenil” y enfatizó que la norma vigente “emanó de la dictadura militar y ha sido cuestionada por nuestra Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Aunque no hizo mención explícita, pareció incluir en el debate a la baja de la edad de imputabilidad penal, que ya impulsó en otras oportunidades. (DIB)




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