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03/07/2013
Educación

Colegios privados firman condiciones mínimas de trabajo


Los docentes privados nucleados en Sadop acordaron con las cámaras de propietarios de colegios privados de todo el país un convenio que fija las condiciones mínimas laborales para los educadores del sector, entre otras, la garantía de la estabilidad en el cargo, se informó hoy....


El Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) destacó que el acuerdo, firmado en el Ministerio de Educación nacional con las cámaras de propietarios de colegios privados, con participación de la cartera educativa, “fija condiciones mínimas de trabajo para todos los docentes privados del país y puede considerarse un Convenio Colectivo”, indicaron los gremialistas.


Los maestros privados destacaron que el convenio “privilegió la relación con los empleadores y la participación del Poder Ejecutivo como mecanismo para adoptar decisiones, democratizar las relaciones laborales docentes, elevar niveles de protección dados por las leyes y especificar cuestiones no previstas en ellas”.


El secretario general de Sadop, Mario Almirón, adelantó que durante julio el sindicato “intercambiará propuestas de nuevos capítulos del Convenio con los empleadores, para poder suscribir nuevas actas acuerdo en el futuro”.


Firmaron el convenio el ministro Alberto Sileoni, Almirón y representantes de la Confederación Argentina de Instituciones Educativas Privadas (Caiep), la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada (Coordiep) y el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec). Almirón destacó que el acuerdo “supone un avance en el histórico reclamo de Sadop por establecer las condiciones de trabajo mediante el mecanismo de las paritarias”.


“Creemos que este camino servirá para mejorar de modo continuo las condiciones y medio ambiente de trabajo de nuestros compañeros, a la par de reafirmar la idea de educación como derecho humano para todos sin exclusiones de ningún tipo”, remarcó. Acerca de la definición de la educación privada, el acta sostiene que es “un bien público y un derecho personal y social”, y además se aleja de las visiones mercantilistas y las que consideran a la educación “un servicio”, y a los alumnos “usuarios” o “consumidores”.


Establece además la "importancia de la asistencia financiera del Estado, pero no condiciona los derechos de los docentes privados a esa asistencia". (DIB)




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