Se trata de una ventaja conseguida a partir de una medida cautelar interpuesta en la Justicia en 2003, que fue ratificada por la Suprema Corte en 2009 pero que todavía no se expidió en forma definitiva, aunque en 2010, la Procuración General de la Nación sostuvo que ese recurso extraordinario fue incorrecto.
Según se conoció la apropiación ilegítima comenzó cuando La Nación dejó de cumplir con el requisito de no aumentar su precio de tapa, condición con la cual había accedido al programa dispuesto en 2001 mediante el Decreto 730, en el marco de los denominados “Acuerdos de Competitividad”.
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