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16/05/2012
Diego Bossio

Instó a derogar las jubilaciones de privilegio


El director ejecutivo de ANSES, Diego Bossio, presentó un informe detallado ante la Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social, sobre las consecuencias negativas para el Sistema Previsional que tienen los regímenes de privilegio y la industria del juicio. Asimismo, también mostró la evolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)....


Bossio expuso ante los legisladores la situación actual de los regímenes de privilegio y especiales, que llegan a percibir hasta $ 112.000 por mes, y cuyo haber medio se sitúa en los $ 22.077 en el Poder Judicial y $ 27.560 en el Servicio Exterior, contra los $ 2.233 del haber medio del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).


Al respecto, Bossio expresó que “nuestra misión fue recomponer el haber mínimo de los jubilados, es una prioridad de este Gobierno. También lo fue aumentar la cobertura previsional, que se llevó del 75% al 95%. Por su parte, la AUH fue un acto de justicia”.


Bossio luego continuó diciendo que “ANSES está fuerte, puede afrontar los 12 millones de pagos mensuales. Tenemos un sistema que crece y es sustentable, que es de reparto solidario. Pero se generan situaciones de abusos y privilegios”. Y luego agregó: “Se crea una situación de abuso contra el Estado Nacional, que ha hecho una apuesta por la inclusión. Es por eso que les pido a los legisladores que terminen con los sistemas de privilegio de jueces, diplomáticos y sentencias, ya que si esto no se modifica, el sistema no será sustentable en el tiempo”.


El total de beneficios de privilegio es de 173.519, que provocan un déficit anual de $ 856,70 millones. Con las erogaciones que efectúa ANSES para afrontar el pago de esos beneficios, se podrían pagar unas 39.063 jubilaciones mínimas o unas 264.414 asignaciones por hijo por año.


Sistema previsional alternativo
Por otro lado, el funcionario se expresó sobre la creación de un “sistema previsional alternativo”, debido a los pagos que debe afrontar el organismo ante las sentencias dictadas por el Poder Judicial, que no se encuentran amparadas por análisis económicos de sustentabilidad que aseguren la supervivencia del sistema, lo que pone al Estado y al sistema en su conjunto en una situación de gravedad institucional.
El costo estimado de este sistema estaría ubicado entre $ 49.586 y los $ 77.288 por año.


Sobre esto, Bossio indicó que “el nivel de litigiosidad es mucho menor al que la mayoría de los medios indican. Clarín dice, por ejemplo, que hay más de 500.000 juicios por reajuste mientras que, según nuestros registros, existen 266.145 causas en trámite de naturaleza previsional”. Desde 2009, la cantidad de juicios contra ANSES se redujo en un 40% y los juicios en los que ANSES es parte bajaron del 67% al 45%.


El directivo luego sostuvo que “la mayoría de esos casos son parte de la industria del juicio, ya que no beneficiarán económicamente al titular, pese a transitar por todas las etapas e instancias judiciales”. Y refutó la idea de que ANSES apela las sentencias para dilatar los procesos judiciales: “ANSES tiene la obligación legal de apelar las sentencias que le resultan contrarias, en función de la normativa vigente que rige la materia en defensa del Estado en juicios”.


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