La temática del "miedo en clase" fue centro de discusión en el último plenario de representantes docentes de la Provincia, donde se reveló que es "alarmante" el crecimiento de los casos de violencia, en sus distintas modalidades, que surge de informes elaborados desde los establecimientos educativos bonaerenses. En ese marco, se habla de "zona liberada" para muchas escuelas y de "impunidad" para los agresores. Asimismo, se afirma que también aumenta la cantidad de docentes afectados con cuadros de angustia, estrés o directamente depresión.
Los preocupantes conceptos se conocieron en el marco de un Plenario de Secretarios realizado por la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires, cuyo titular, Miguel Díaz, señaló que "es alarmante el crecimiento de casos de violencia escolar, en sus distintas modalidades, en distintos establecimientos bonaerenses respecto del 2011, con lo cual las autoridades bonaerenses y todos aquellos que tengan que ver con esta problemática deben estar más alertas que nunca".
Acerca del tema, fuentes del gremio explicaron que "aún no hay cifras definitivas, ya que se siguen recibiendo informes de los distritos de la Provincia, aunque los sondeos dan cuenta de un notable incremento de episodios de violencia graves en General Villegas, Rojas, La Plata, San Vicente, José C. Paz, Cañuelas y Pergamino, entre otros". Así, se destacó la actualidad de un informe que realizó tiempo atrás el Ceprede, organismo dependiente de la Universidad de Belgrano, donde se manifestaba que el 50% de los docentes bonaerenses se considera insuficientemente capacitado para resolver episodios de agresividad y violencia, y el 30% nada capacitado.
"A veces parece surgir la sensación de impunidad y zona liberada en algunas escuelas, que parece ser tierra de nadie ante el avance de padres y alumnos que, sin aceptar la vía del diálogo, hacen uso de la fuerza ante el estado de indefensión de nuestros compañeros", señaló Díaz, precisando que "el compromiso pasa por seguir recibiendo denuncias de violencia escolar consensuando un protocolo para registrar y documentar estos casos y, eventualmente, hacer la denuncia administrativa ante la Dirección de Escuelas o la justicia ordinaria".
Por su parte, Alejandro Salcedo, secretario adjunto de Udocba, expresó que "los distintos distritos que estamos relevando nos alertan sobre el crecimiento de esta problemática, y solicitan asistencia para intentar encontrar soluciones, pero lo cierto es que debe ser el Estado en su conjunto, con todas sus instituciones, quien se ponga al frente de esta lucha por terminar con los problemas en los centros educativos", agregando que "el problema más grande, hoy, es que no tenemos pautas claras para enfrentar la violencia, no hay protocolos específicos de asistencia, o prevención para evitar que ocurran".
"El objetivo es generar contención, rodear el problema con políticas públicas, creando gabinetes especializados y formando docentes. Asimismo, apuntar a las familias y es necesario que se involucre la justicia. Entre todos tenemos que buscar soluciones. Tuvimos una tragedia como la ocurrida en Carmen de Patagones y no aprendimos. Era evitable, lo sabemos, lo tenemos claro. Hay que ponerse a trabajar con urgencia".
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