“Según lo anunciado por la Presidenta, las modificaciones apuntan a temas planteados en distintos proyectos. Personalmente he presentado a través de los años sucesivos proyectos respecto de la unión de hecho o reforma de la ley de adopción”, recuerda la legisladora jujeña del FpV.
El texto, que Cristina Fernández presentó junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, ingresará al Congreso Nacional a fines de abril y será analizado por una comisión bicameral con amplia representación, que determinará la forma en que será tratado en las cámaras. Uno de los temas centrales que aborda el anteproyecto es la agilización de los trámites de adopción, algo que en la actualidad es prioridad para miles de familias y de niños que necesitan resolver su situación de vida.
Entre los 2.500 artículos que reemplazarán a los 4 mil actuales que suman el Código Civil y el Comercial (hoy separados), aparecen otros temas que ya suman críticas desde varios sectores de la sociedad civil, sobre todo desde la Iglesia. Para Fellner, “el alquiler de vientres va a ser un tema de muchísima discusión, del mismo modo que otros temas controversiales como el de fertilización asistida”.
Sin embargo, la senadora del bloque oficialista confía en que “deberá primar nuestro criterio como legisladores, sabiendo que tenemos que dar respuestas para una sociedad plural y equitativa”.
Avance democrático
*Por Marcos Erregue, abogado de la Universidad Nacional de La Plata
El derecho privado en la República Argentina tiene desde mediados del Siglo XIX su máxima expresión en el Código Civil, cuya redacción estuvo a cargo del doctor Dalmacio Vélez Sársfield. Asimismo, toda la actividad comercial (es decir la de quienes habitualmente realizan actos de comercio como actividad profesional) se reguló a través del Código de Comercio.
En el siglo y medio transcurrido desde ese momento hasta la actualidad, nuestra sociedad se ha vuelto cada día más compleja, no sólo por el paso del tiempo sino también por numerosos y variados cambios culturales, tecnológicos, políticos y económicos.
La legislación civil y comercial aborda una infinidad de aspectos de nuestra vida cotidiana, desde las relaciones de familia hasta la actividad económica –con exclusión del derecho laboral-, pasando por el derecho de asociación y otros fenómenos propios de una sociedad moderna. Cuestiones sensibles para mucha gente, pero también generadoras de confrontaciones y debates apasionados como reflejo de la colisión de intereses individuales y colectivos.
Hasta la primera interrupción del orden institucional con el golpe de estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen en 1930, el Código Civil apenas llevaba menos de 50 años de vigencia, al igual que el Código de Comercio. La sucesión de gobiernos de facto y gobiernos civiles de corta duración siempre amenazados por el factor militar, impidió que la sociedad argentina en general, y la comunidad jurídica en especial, pudieran abocarse de lleno al análisis de la necesidad de actualizar y, eventualmente, reformar las normas que reglamentan aspectos tan importantes de nuestra vida de relación como país.
Desde el reestablecimiento de la democracia en 1983 hasta hoy han pasado 29 años. Gracias a la continuidad institucional que permitió la natural evolución del derecho práctico, la jurisprudencia y también la ciencia jurídica, el proceso de maduración que todo cambio requiere ha dado como fruto un proyecto consensuado entre la mayoría de las fuerzas políticas del país. El mismo permitirá que contemos con un cuerpo normativo sistemático, integrado, moderno y, fundamentalmente, más democrático en términos de género y relaciones económicas.
Este proyecto no es un avance solamente por su resultado: es también un avance por la forma en que ha sido elaborado y debatido. Pero una norma de las características enumeradas solamente es posible en democracia.
De esta forma, el poder político exhibe un grado de madurez que corresponde elogiar para cumplir una de sus funciones fundamentales: elaborar y poner en vigencia las leyes a las que los ciudadanos debemos obediencia. Sin dejar de reconocer ello, es de esperar que el diálogo y la sensatez que han gobernado tal proceso sean la regla y no la excepción en la vida política e institucional del país. (DIB)
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