"Antes de aventurar conjeturas, ordené una auditoría del 'Proyecto X', que es en realidad un software, para evaluar qué contiene", escribió Garré en su cuenta de la red social Twitter en respuesta a comentarios de otros twitteros.
La polémica por el denominado "Proyecto X" se generó luego de que la Gendarmería admitió ante la Justicia que tiene una base de datos con ese nombre que es utilizada ante protestas sociales y que fue calificada por referentes sociales y dirigentes de la oposición como una herramienta para realizar "espionaje interno".
Garré volvió a utilizar la red Twitter para referirse al tema públicamente, ya que ayer por ese mismo sistema se quejó: "Es paradójico que quienes no tienen coherencia en la defensa de los derechos humanos nos acusan de perseguir manifestantes y luchadores sociales".
Luego añadió: "Sostenemos una clara posición respecto a la no criminalización de la protesta social y límites a la acción policial". Garré salió a realizar estos dichos también después de que se informara que diputados de la oposición solicitarán su interpelación en el Congreso para dar explicaciones sobre las supuestas tareas de espionaje ilegal.
Esta mañana desde el cartera de Seguridad se informó, a través de un comunicado, que Garré evaluó el estado de cumplimiento del protocolo de actuación de las fuerzas de orden público en manifestaciones sociales, luego de que se conociera el "Proyecto X".
"Garré repasó junto al secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior (CSI), Miguel Ángel Bermejo, el estado de cumplimiento del protocolo de actuación de fuerzas de seguridad y policiales en manifestaciones públicas", señaló el parte de prensa oficial.
Además del caso de presunto espionaje ilegal de Gendarmería sobre militantes sociales, en las últimas semanas hubo intervenciones policiales en manifestaciones sociales como la represión a vecinos y ambientalistas en la ciudad catamarqueña de Tinogasta que se oponen a la mega minería; y el desalojo violento en la avenida 9 de Julio, de esta ciudad, a ex soldados que fueron movilizados al continente durante la guerra de Malvinas.
"El gobierno nacional jamás se ha apartado de la ley en materia de seguridad. Desde la gestión del presidente Néstor Kirchner es la administración que con más firmeza condujo su acción contra la impunidad, la no criminalización de la protesta social y los límites a la acción policial", puntualizó el comunicado.
Al respecto se agregó: "El camino para seguir avanzando en el consenso en todo el país y colaboración del Gobierno nacional que ha instruido la presidenta Cristina Fernández de Kirchner".
En su cuenta Twitter, la ministra Garré puntualizó hoy: "No admitimos espionaje y si llegara a haber seremos inflexibles. Pero tampoco tomamos decisiones sin reflexión".
Organismos de derechos humanos denunciaron que Gendarmería se infiltró en manifestaciones que realizaron empleados y delegados gremiales de la empresa alimenticia Kraft, y hasta se tenía información de una nieta recuperada y una madre de Plaza de Mayo.
La ley 25.520 de Inteligencia Nacional establece que no se puede "obtener información" de datos de personas por el solo hecho de "adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales".
En referencia al repaso que Garré hizo hoy sobre los protocolos para las manifestaciones, se remarcó que "19 de las 24 jurisdicciones del país ya adhirieron a los 'Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas'".
El documento presentado en la primera reunión plenaria del CSI del 20 de marzo de 2011, promueve una actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas garantizando "el respeto y la protección de los derechos de los participantes". Las únicas jurisdicciones que no adhirieron al protocolo propuesto por el Gobierno nacional son la ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Córdoba y Corrientes.
"En el marco de los nuevos paradigmas de seguridad democrática que impulsa el Ministerio de Seguridad este protocolo implica la profundización de una práctica iniciada en el gobierno de Néstor Kirchner, consistente en garantizar una resolución de conflictos que no implique daños para la integridad física de las personas involucradas y no involucradas en la manifestación", aseveró el organismo conducido por Garré.
Para ello se establece, la prohibición de portar armas de fuego para el personal que pudiera entrar en contacto directo con los manifestantes, así como la restricción respecto a la utilización de postas de goma exclusivamente con fines defensivos en caso de peligro para la integridad física de algún miembro de las instituciones de seguridad o de manifestantes o terceras personas. (DIB)
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