Entre los hechos
más significativos
se destacan
la condena al
marino Alfredo Astiz, la
sentencia a cárcel común
al ex dictador Jorge Rafael
Videla y el fallecimiento
del símbolo de la represión
en Tucumán, Antonio
Domingo Bussi, el mismo
día en que se debía iniciar
un proceso en su contra.
Según el informe de la
Unidad Fiscal de Coordinación
y Seguimiento de
las causas por violaciones
a los Derechos Humanos,
se visualiza "una consolidación
del proceso de
juzgamiento en casi todo
el país".
El relevamiento detalla
que en el transcurso de
2011 concluyeron 21 juicios,
en los que se condenó
a 84 personas, y que entre
2007 y 2011 se registra "un
total de 799 personas procesadas,
de las cuales más
del 60% ya tiene alguna
causa en etapa de juicio o
cuenta con requerimiento
fiscal de elevación a juicio".
Sin embargo, en el informe
se advierten "demoras
en el ámbito de la Cámara
Nacional de Casación Penal
para la revisión de los
tribunales orales", y que la
etapa de instrucción que
se observaba como principal
problema a sortear
"comienza a superarse en
casi todo el país".
Los condenados
Sobre la situación de los
detenidos, el informe resalta
que a lo largo del año
"no se han registrado casos
de personas detenidas en
unidades militares" como
ocurría cuando fueron reabiertas
las causas de lesa
humanidad.
"De las 593 personas
detenidas, el 50,5% se encuentra
en unidades penitenciarias,
el 39,9% en
detención domiciliaria,
3,8% en dependencias de
fuerzas de seguridad (provinciales
o nacionales), y
0,2% en hospitales", detallan
en el informe.
Trabajo
También la Unidad trabajó
en el seguimiento de los
casos de violencia sexual
ocurridos durante el terrorismo
de Estado y elaboró
un documento con consideraciones
sobre el juzgamiento,
concluyendo que
"no resulta correcto subsumir
los abusos sexuales
solamente en la figura de
'tormentos', como se ha
realizado en algunos pronunciamientos
judiciales".
En otro punto, el informe
subraya que a lo largo del
año "se ha sostenido la
tarea de búsqueda y análisis
de documentación
ubicada en el Archivo
Histórico de la Armada"
para permitir identificar y
remitir a las fiscalías que
lo requieren tanto legajos
personales como actuaciones
de tribunales militares
en acciones represivas
llevadas a cabo por la
Marina.
En la misma línea, se
señalan los archivos de
Prefectura Nacional, que
permitieron identificar
elementos probatorios
para investigaciones sobre
los "vuelos de la muerte"
utilizados para asesinar a
los prisioneros arrojándolos
al agua
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