La Cámara Nacional de Casación Penal resolverá el próximo jueves 2 de junio si avala la decisión de extraer sin consentimiento muestras de sangre o saliva a los hijos adoptivos de la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, para determinar si fueron apropiados en la última dictadura militar. Aunque se descuenta que cualquier decisión será recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como anunciaron las partes.
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En la jornada, los jueces escucharon todos los argumentos, comenzando por el de los apelantes abogados de Felipe y Marcela Noble Herrera, a quienes se opusieron el fiscal Raúl Plee, los querellantes Abuelas de Plaza de Mayo y los letrados de dos familias que buscan bebés nacidos en centros clandestinos de detención.
Los abogados de los jóvenes Noble Herrera sostuvieron que debe revocarse la decisión de la juez federal de San Martín, Sandra Arroyo Salgado, ratificada por la Cámara Federal de San Martín, que ordenó la toma de muestras de sangre, saliva o cabellos "con o sin consentimiento" de las víctimas.
Con esa decisión se busca obtener el ADN y cruzarlo con todas las muestras existentes o de futuro almacenamiento en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que funciona en el hospital Durand, para determinar si fueron bebés apropiados en la última dictadura.
Los abogados Alejandro Carrió y Roxana Piña argumentaron que sus clientes (Felipe y Marcela) se oponen a la extracción compulsiva por ser "inconstitucional" y "violatoria de su derecho a la autonomía", además de verse eventualmente obligados a aportar con los resultados pruebas que podrían incriminar a su madre adoptiva.
Las exposiciones, continuaron por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sentada junto al abogado del organismo Alan Iud y el fiscal Plée, quien reemplazó a su colega Romero Victorica, denunciado por supuesta protección a un apropiador de una beba nacida en cautiverio.
El abogado de Abuelas consideró que "hay sobrados elementos" para barajar la hipótesis de que los dos jóvenes son "hijos biológicos de desaparecidos" por lo cual la medida del análisis sin consentimiento "es legal, constitucional y se adecua a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", sostuvo Iud.
"Se los usa como escudos para proteger a la imputada (Ernestina Herrera de Noble) ", sostuvo el abogado querellante Pablo Llonto, uno de los últimos en exponer ante los camaristas de la sala II del máximo tribunal penal Raúl Madueño, Luis García y Guillermo Yacobucci.
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