La Unidad Fiscal Federal de La Plata, interviniente en casos de terrorismo de Estado, calificó como "un crimen de lesa humanidad a los hechos que rodearon la transferencia de acciones de la empresa Papel Prensa entre 1976 y 1977" y pidió al juez Arnaldo Corazza que se declare incompetente en esa causa y la remita al fuero federal porteño.
Los fiscales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro, en su presentación, a la que tuvo acceso Télam, destacaron que "las pruebas revelan que los hechos denunciados podrían ser parte de acciones persecutorias e impregnadas por espurios intereses económicos".
Por su parte, Daniel Reposo, Síndico General de la Nación, consideró "impecable y trascendente" para el país la resolución, porque significa "levantar el velo de lo que fue la dictadura militar con el poder civil que actuó en connivencia".
En declaraciones a la prensa, dijo que el dictamen "muestra que no sólo hubo razones políticas que tomaron en cuenta los militares, sino que hubo connivencia con el poder civil con el que había en juego intereses económicos, políticos y sobre todo religiosos", añadió.
La transferencia de acciones, explicaron los fiscales "fueron promovidas por las máximas autoridades del Estado Nacional con la presunta colusión (pacto entre dos personas u organizaciones para perjudicar a un tercero) de los representantes y/o propietarios de Clarín, La Nación y La Razón". Ahora, el juez Corazza debe resolver si recepta o no el pedido realizado por los fiscales, y la medida que adopte el magistrado podrá ser apelada por las partes del proceso.
En el dictamen se indica que el contexto de la dictadura "resultó propicio para la comisión de delitos de índole económico con la intervención de civiles", hechos que iban "desde la apropiación de bienes de desaparecidos hasta grandes operaciones que significaron una enorme modificación regresiva de la estructura social argentina".
La resolución señala que "la presunta transferencia compulsiva de las acciones de Papel Prensa S.A., de la que eran propietarios algunos de los integrantes del denominado `Grupo Graiver´ a las empresas La Nación, Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA) y La Razón habría consistido en un conjunto de acciones pergeñadas y ejecutadas en su casi totalidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la directa intervención de la junta militar y la participación de los civiles denunciados".
"Todo en un marco de persecución desatada contra los miembros del grupo, por motivos políticos, económicos y religiosos, lo que constituye un delito de lesa humanidad".
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