Hubo una clara complicidad de civiles vinculados al poder económico y que los organismos internacionales de crédito y la banca que sostuvieron ese andamiaje.
Se trató de la aniquilación de cualquier oposición -especialmente jóvenes y trabajadores- que pudiera plantearse, para instalar un plan económico dependiente y extranjerizante, que reconvirtiera el modelo de desarrollo industrial y agrícola-ganadero que asomaba en la Argentina.
Esa conjunción de intereses necesitó y contó con la complicidad de civiles, como José Alfredo Martínez de Hoz, Roberto Alemann o Domingo Felipe Cavallo -luego ministro de Economía de Carlos Menem, durante las privatizaciones- y de Fernando de la Rúa, que generó el canje y el megacanje de esa deuda.
Esos civiles llevaron adelante el plan local de profundización de la dependencia del país, con el vaciamiento de empresas claves del Estado, para endeudarlas hasta ahogarlas y forzar su privatización. El desmantelamiento del aparato productivo, la destrucción de la industria local y la sustitución de exportaciones por las importaciones.
A ello se sumó el endeudamiento externo de las principales empresas privadas por más de 10.000 millones de dólares (Celulosa Argentina, Cogasco, Autopistas Urbanas, Pérez Companc, Acindar, Bridas, Alpargatas, Techint, etc) y el pase de esa deuda privada al Estado a través de los seguros de cambio.
Para tener una idea de la magnitud de esa estafa al pueblo, basta señalar que cuando sucedió el golpe de Estado, la deuda externa era de 7.800 millones de dólares y cuando la dictadura llegó a su fin, esa deuda se había multiplicado un 465% hasta llegar a 45.100 millones de dólares.
Por ello, el golpe de 1976 fue un plan sistemático de represión, vaciamiento, endeudamiento y establecimiento de las condiciones de dependencia, pergeñado y ejecutado por el poder económico internacional y el poder civil y militar local.
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