Así lo aseguró en un comunicado el Ministerio de Infraestructura bonaerense. “El nuevo instrumento legal permitirá la redistribución social del suelo al facilitar la articulación del acceso a la propiedad de la tierra y la vivienda a través de emprendimientos de autogestión, la integración socio-urbana de villas y un intenso fomento del crédito a sectores postergados para mejorar el hábitat popular”, sostuvo el comunicado.
La ministra del área, Cristina Alvarez Rodríguez, aseguró que “en la próxima década, en la Provincia será necesario construir entre el sector público y el privado una cantidad de viviendas, equipamientos sociales y servicios igual a las ciudades de Córdoba y Rosario juntas”.
La funcionaria indicó que “este proyecto apunta precisamente a garantizar el acceso a la vivienda tal como lo establece la Constitución al incorporar los principios de inclusión social y sustentabilidad urbana”.
Según se informó, las herramientas operativas que se incluyen en el proyecto involucran la ejecución de programas de urbanizaciones sociales planificadas (lotes con servicios), de villas, asentamientos y de promoción de procesos de organización colectiva de esfuerzo propio. También de ayuda mutua y autogestión del hábitat a través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro.
Microcréditos
Además, se indicó que la ley posibilitará la instrumentación de un sistema de microcréditos para la mejorar las viviendas de sectores populares que representan cerca del 60 por ciento del déficit provincial.
Asimismo, se establecerán zonas, reservas y cesiones de suelo destinadas a los programas de hábitat y se destaca la obligatoriedad de la cesión de suelo con ese destino en los casos de toda urbanización privada (club de campos, barrios cerrados) y de grandes superficies comerciales de manera de iniciar una política de redistribución social hacia los grupos más vulnerables.
También se propone sancionar impositivamente a propietarios de terrenos baldíos para evitar la especulación del suelo.
La norma permitirá al Instituto de la Vivienda bonaerense la expropiación de inmuebles destinados a programas de vivienda social y creará dispositivos que aseguren la participación de los ciudadanos y de las entidades en estos temas. (DIB)
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