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05/03/2011
Interés General

Denuncia contra Directores de Papel Prensa


El gobierno nacional realizó una nueva presentación en la justicia contra directores de Papel Prensa, al iniciar una "denuncia por delito de acción pública" ante el juzgado nacional en lo Criminal y Correccional número 11, a cargo del doctor Claudio Bonadio....


La denuncia se realizó luego de tomar conocimiento de los informes realizados por la Comisión Fiscalizadora, que llevan la firma del sindico General de la Nación, Daniel Reposo; del vocal Agustín Tarelli y el consejero de Vigilancia Titular, Alberto González Arzac.


La denuncia fue presentada contra los directores Alberto Maquieira, Guillermo Gonzélez Rosas, Jorge Rendo, Jorge Bazan Raúl Aguirre Saravia, Daniel Fernández Muñoz y Julio César Saguier.


Según las fuentes, la denuncia fue hecha "de conformidad con lo establecido en los artículos 173 inciso 7; 174 inciso 5 y 6; 210 del Código Penal, y por lo normado en los artículos 174, 175, 177, 82 y subsigueintes del Código procesal Penal".


También contempla a "toda otra persona que resultare responsable de los hechos denunciados en calidad de autores y/o particpes, que encuadrarían en el delito de Administración Infiel en concurso real con el delito de Asociación Ilícita o el que resultare de la investigación, con sus agravantes", señala la presentación que lleva las firmas del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.


"De dichos informes puedes observarse fácilmente el perjuicio económico a Papel Prensa Sociedad Anónima (PPSA) y al Estado nacional como socio, cuando se señalan, entre otros, las ventas por debajo del costo de producción, la obstaculización en la labor de la Comisión Fiscalizadora, las debilidades en los órganos de control, así como la disminución del valor de bienes de capital de la sociedad", señala la denuncia.


De todo esto se desprende "la presencia de hechos defraudatorios en perjuicio del Estado nacional en su patrimonio y en el de Papel Prensa SA", de la que el Estado es socio accionista minoritario.


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