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25/10/2010
Daniel Scioli

Entregópensiones apresos deladictadura militar


El gobernador Daniel Scioli entregó 250 pensiones sociales graciables a presos políticos de la última dictadura militar y recibió un especial reconocimiento de la secretaria de Derechos Humanos, Sara Derotier de Cobacho, por el “cúmulo de políticas” que lleva cumplidos la gestión....


La secretaria de DDHH destacó el Programa de Fortalecimiento Institucional, “que permite llevar a la secretaría a todos los distritos de la Provincia” y puso en valor la participación de su dependencia como querellante en juicios de lesa humanidad.


Detalló que la gestión de Scioli otorgó subsidios vitalicios para progenitores de desaparecidos; eximió del pago de impuestos a los hijos de desaparecidos y a sus viudas, y por la resolución 340/08 les permitió a éstos que puedan ser incorporados en distintas dependencias del Estado provincial.


Sancionó la ley que otorga pensiones graciables a detenidos, procesados y condenados durante el período 1955-1963, en la denominada "Resistencia Peronista", y otorgó pensiones sociales a quienes participaron del 'Operativo Cóndor', llevado a cabo en las Islas Malvinas en 1966.


La conversión del Pozo de Arana, donde funcionó un centro clandestino de detención, en “un lugar para la memoria”, se suma a la lista de políticas en derechos humanos ponderadas por Derotier de Cobacho.


Además, consideró que iniciativas como el Plan Envión, la Asignación Universal por Hijo y el programa de Alfabetización Digital, “buscan garantizar los derechos humanos de los más chicos” y expresó con énfasis “que ninguna otra provincia tiene el Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia”.


“Sabemos que sólo alguien que se pone los pantalones largos y nos da la posibilidad de llevar estas cosas y leyes adelante, es un hombre especial”, concluyó.


Estuvieron presentes representantes de Madres de Plaza de Mayo y organismos de derechos humanos, además del presidente del Instituto de Previsión Social, Javier Mazza, el subsecretario provincial de Derechos Humanos, Fernando Cano y el diputado Alfredo Antonuccio.


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