Denuncian crímenes de lesa humanidad en la apropiación de Papel Prensa

El Poder Ejecutivo Nacional, a través del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, pidió el llamado a indagatoria de Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, Laura Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y Bartolomé Luis Mitre, entre otros involucrados, en una querella que presentó ante el Juzgado Federal 3 de La Plata por la "apropiación ilícita" de Papel Prensa durante la última dictadura. El querellante, solicitó también que "oportunamente se dicte el correspondiente procesamiento" de los imputados....

(Dypra/GEI) - Duhalde presentó este martes la querella con el patrocinio del secretario de Protección de los Derechos Humanos, Luis Alén, en un extenso escrito, la cual también será patrocinada por el Procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, "quien por hallarse ausente del país no la suscribe y la ratificará posteriormente".
"El Poder Ejecutivo Nacional -al que esta Secretaría representa- entiende que los hechos de esta querella constituyen graves delitos previstos por derecho penal internacional y que configuran violaciones a los derechos humanos", señala el texto, al que accedió Télam, presentado a tres semanas del informe oficial del Gobierno nacional sobre Papel Prensa.
La presentación pide que se investiguen hechos "que constituyen delitos de lesa humanidad" y señala además que también es objeto de esta acción "alcanzar la verdad histórica en cuanto al destino e identificación de las víctimas".
Con extensa fundamentación que invoca prescripciones de la Constitución Nacional, las declaraciones Americana y Universal de Derechos Humanos, convenciones y pactos internacionales, la querella "por la apropiación ilícita de la empresa Papel Prensa S.A." se remite también al Código Procesal Penal de la Nación.
De acuerdo con la denuncia, basada en el Informe: Papel Prensa – La Verdad, esa apropiación se concretó meses después del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 "mediante la comisión de los delitos de extorsión, privación ilegítima de la libertad, tortura, vejaciones y asociación ilícita".
Las víctimas
De los actos denunciados, resultaron víctimas a partir de la instauración de la Dictadura que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976, casi todos los integrantes de una tradicional y respetada familia platense, que integraban: Juan Graiver, Eva Gitnacht de Graiver, Enrique Brodsky, Isidoro Miguel Graiver, Lidia Haydeé Brodsky de Graiver, Lidia Elba Papaleo de Graiver, y su pequeña hija de dos años por entonces y los colaboradores jerárquicos de sus empresas, Jorge Rubinstein (que murió durante una sesión de tortura mientras estaba secuestrado), Rafael Ianover, y Lidia C. Gesualdi, así como la empleada de la casa particular de los Graiver, Silvia Fanjul.
Tales hechos y "las torturas seguidas de muerte de Jorge Rubinstein (...) deben calificarse como crímenes contra la humanidad y, por ende, imprescriptibles", sostuvo Duhalde en la denuncia presentada.
Los acusados

El escrito comprende siete títulos, el último de los cuales, "Petitorio", solicita al juez federal que "tenga por presentada esta querella", la reserva del caso federal y que se faculte a los letrados querellantes "a presenciar las declaraciones de los testigos y formular, en su caso, los interrogatorios pertinentes".
También pide la indagatoria a los imputados Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, José Alfredo Martínez de Hoz, Raymundo Juan Pío Podestá, Laura Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Luis Mitre, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos.
En este ultimo punto hace "la salvedad de no poseer a la fecha datos fehacientes sobre si todos los imputados están vivos" actualmente y solicita además que "oportunamente se dicte el correspondiente procesamiento".

Los beneficiarios civiles
A lo largo de unas 200 páginas, el escrito aborda la legitimación de
la Secretaría de Derechos Humanos para querellar, así como antecedentes y hechos en los que se fundamenta, incluidos numerosos comunicados de la Junta dictatorial.
También despliega hechos, testimonios y argumentos respecto del "Estado terrorista y su faz clandestina", quiénes fueron "los grandes beneficiarios" civiles y el papel de "los grandes medios de prensa asociados con la dictadura", como alude a los diarios Clarín y La Nación, que pasaron a ser accionistas de Papel Prensa.
En contraste, alude también a "persecuciones a la prensa desafecta o independiente" y a los periodistas detenidos-desaparecidos y asesinados entre el 24 de marzo de 1976 y el 31 de marzo de 1977.
Además, argumenta en torno de "la coerción genérica al Grupo Graiver y su temor -terror- fundado", para afirmar que "por medio de intimidación y amenazas se obligó a varios de los damnificados a vender las acciones de Papel Prensa S.A. a los diarios Clarín, La Nación y La Razón", con una intermediaria.
En la querella, Duhalde sostiene que "aquellas acciones fueron concertadas por los directivos de las empresas junto a las más altas cúpulas del gobierno de facto".