Además, deberán realizar audiencias previas entre las partes para decidir este beneficio y consultar un registro de reincidencias donde constarán los antecedentes de los imputados.
Las nuevas directivas en materia de excarcelaciones fueron sancionadas por la Cámara de Diputados de la Provincia, que con el apoyo del oficialismo y la enorme mayoría de la oposición, convirtió en ley un proyecto enviado por el gobierno de Daniel Scioli para introducir una nueva reforma al Código de Procedimiento Penal bonaerense.
El proyecto redactado por el ministro de Justicia provincial Ricardo Casal marca cambios en unos 50 artículos del Código Procesal Penal bonaerense, con un claro endurecimiento de los cri- terios que pueden utilizar los magistrados para dictar excarcelaciones.
Si bien deja en pie las alternativas a prisión hoy vigentes com
o los sistemas de «pulseras magnéticas», la limita en los casos de uso de arma y de menores para delinquir. Además, abre la participación en el proceso a los particulares damni- ficados, promueve las audien cias entre las partes previas al juicio oral y fija plazos taxativos desde el inicio del proceso al dictado de la sentencia.
También dispone la obli- gatoriedad de consultar a un registro de reincidencia para que los jueces cuenten con más elementos a la hora de otorgar este beneficio y dispone que se consideren las penas de los delitos «en concurso real» para disponer si se excarcela o no a un procesado.
La ley también establece que las nuevas disposiciones «regirán en forma inmediata y se aplicarán aún respecto de los procesos, incidentes y recursos en trámite, sin afectar derechos adquiridos ni la validez de los actos cumplidos». Con todo, aún deberá aguardar el decreto reglamentario del Ejecutivo.
Apoyos críticos
Las modificaciones al Có- digo Procesal Penal fueron aprobadas por la Cámara de Diputados en una sesión en la que se reiteró el escenario de su tratamiento en el Se- nado, a fines del año pasado: el oficialismo encontró apoyos claves en todas las bancadas opositoras, que votaron a favor del proyecto aunque no ahorraron críticas a la política de seguridad de Scioli, con la única excepción de la Coalición Cívica.
Con todo, el oficialismo no pudo evitar roces y di- vergencias en su propio bloque. Durante el trata- miento, tanto la UCR, como el GEN, Unión PRO, el bloque del Peronismo Federal y el Confe, manifestaron su voto favorable al proyecto, aunque subrayaron una y otra vez que «no ataca al problema de fondo de la inseguridad en la Provincia».
«Estos proyectos son hijos de episodios que conmue- ven a la opinión pública», dijo el titular del bloque radical, Ricardo Jano, quien además alertó sobre la situa- ción de sobrepoblación en las cárceles bonaerenses y denunció un «permanente fracaso en la búsqueda de medidas de fondo».
«Hay riesgo de que esta medida se convierta en marketing, en maquillaje para la opinión pública», dijo el felipista Mario Cura.
Las críticas más duras surgieron de la bancada de la Coalición Cívica conducida por Walter Martello, que votó en contra.
«Esto se hace para dar la imagen a la sociedad de que se está haciendo algo en materia de políticas sobre seguridad cuando en rea- lidad no se está haciendo nada», disparó.
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