El aumento de la presión fiscal hacia el sector agropecuario está contenido en el artículo 2 de la ley impositiva que esta semana envió el Ejecutivo al parlamento, donde se establece, además, que un grupo de distritos tendrán un tope para las subas que deberán pagarse por el Inmobiliario Rural, que de ese modo no podrán exceder el 33 por ciento de lo que el propietario tributó por el mismo terreno durante este año.
Esa limitación legalmente establecida corresponde a los partidos de Ayacucho, Brand sen, Castelli, Dolores, General Alvear, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, Las Flores, Laprida, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Pila, Punta Indio, Rauch, Tapalqué y Tordillo, todo los cuales basan su economía en la producción agropecuaria.
En esos partidos, la aplicación de las valuación 2005 determina los mayores aumentos, de ahí el tope del 33 por ciento, para que las subas no se disparen. Con todo, desde el Gobierno aseguran que en promedio los aumentos alcanzarán en esta zona el 20 por ciento, pero admiten que en algunas parcelas trepará hasta el mencionado 33 por ciento
En cambio, otros distritos, fuertemente afectados por la sequía y ubicados en el sudeste del territorio bonaerense, quedarán exentos del tributo para el año próximo. Se trata de campos ubicados los partidos de Adolfo Alsina, Saavedra, Puán, Tornquist, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Villarino, Patagones, Guaminí, Coronel Suárez y Coronel Pringles.
El artículo 5 de la ley determina que ese beneficio será operativo "sin necesidad de tramitación alguna por los contribuyentes".
En el caso de los 79 distritos que no están comprendidos (Caso del Partido de Colón) en ninguna de las dos categorías anteriores -es decir: que no tienen tope ni están exceptuados del pago del tributo- el aumento promedio será del 20 por ciento, según explicaron a fuentes del Gobierno provincial.
De esta manera, Scioli decidió avanzar con subas en el impuesto que pagan los productores agropecuarios por la tenencia de las tierras que cultivan, una posibilidad que el año pasado se había desactivado a último momento. Pero este año, la situación fiscal, con al menos 5.600 millones de pesos de déficit y una deuda global que a fin del ejercicio rondará los 40 mil millones, obligó al parecer al Gobernador a tomar la medida.
Propiedades También
El cambio sustancial en el Inmobiliario reside en que, como base imponible para calcular el monto a pagar por el contribuyente, ya no se tomarán las valuaciones fiscales de las tierras que se utilizan desde el 2000, sino el 80 por ciento de las surgidas del revalúo del 2005.
Asimismo, se introducen cambios en las escalas de cuota fija y las alícuotas. Y se eliminan los coeficientes de productividad por zona geográfica vigentes desde el 2002. Paralelamente, se aplicarán nuevas valuaciones a las construcciones radicadas en predios rurales o semirrurales, elevándolas hasta los niveles que rigen para edificaciones similares en las áreas urbanas.
Por otra parte, habrá subas de hasta el 20 por ciento en el impuesto urbano edificado cuando la valuación fiscal del terreno sobre el que se ubique la propiedad supere los 200 mil pesos y la edificación sea inferior a los 20 mil. Y se incrementará en un 25 por ciento el inmobiliario Urbano Baldío cuando el terreno tenga un valor fiscal superior a los 43.750 pesos.
Además, en el caso del impuesto a los ingresos brutos, habrá subas en los rubros obras y/0 servicios, que pasarán de pagar el 3,5 al 4,5 % por ciento cuando su facturación, medida en el total del país, sea igual o superior a los 30 millones de pesos.
Más Presión
Como ya se anticipó, estos cambios se suman a los nuevos impuestos que comenzarán a regir a partir del año próximo, como el que grava con un porcentaje de hasta 10,5 por ciento a la transmisión gratuita de bienes o el que recae sobre movimiento de puertos y las modificaciones en el modo de tributar por patentes. También se comenzarán a gravar las propiedades ubicadas en campos suyo valor fiscal sea igual o superior al 10 por ciento del lote en el que están ubicadas.
El "impuestazo" de Scioli incluye subas de hasta 20 por ciento en el inmobiliario urbano, para un grupo de propiedades de valuación fiscal mayor a 100 mil pesos (que se replicará durante otros tres períodos fiscales), pero deja sin aumento a aquellas cuya valuación fiscal no supere los 25 mil pesos, cuando este último límite se ubica para este año en 20 mil pesos.
Cabe consignar, además, que en el caso de puertos y patentes, el Gobierno busca que los cambios se apliquen desde este año, a traves de un cláusula especial incluida en el presupuesto enviado e la Legislatura. El mismo objetivo persigue con la reeditada facultad para que la Agencia de Recaudación de Buenos Aires pueda confiscar vehículos cuyos dueños adeuden el pago del impuesto automotor (patente)
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