(Dypra) -La indigencia, la marginación social y la falta de educación son algunos de los factores que llevan a que miles de personas crezcan sin tener una documentación, una identidad. El derecho a la identidad es una condición sine qua non para garantizar que los habitantes de un país puedan ser considerados ciudadanos libres, es decir, sujetos de derecho y obligaciones que se conducen de modo autónomo.
Si bien es difícil conocer estadísticas certeras, justamente porque son indocumentados, invisibles para el sistema, según el director provincial del Registro de las Personas, Jorge Omar Aguiar, se estima que en la provincia de Buenos Aires, donde vive el 40% de la población del país, más de 150 mil personas jamás han tenido un Documento Nacional de Identidad (DNI). Estos datos coinciden con los aportados por Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de políticas Públicas (IADEPP), donde los resultados de un estudio sobre marginalidad en Capital Federal y el interior, arrojaron que más de 150 mil personas carecen de DNI, aunque advierten que los números podrían duplicarse en el conurbano.
En Corrientes y Misiones, los argentinos indocumentados representan del 2% al 3% de la población, asegura Jorge Álvarez, Nuñez presidente IADEPP, quien estima que al menos uno de cada diez argentinos está en la misma situación.
Un trabajo conjunto emprendido por el Registro de las Personas y la Dirección de Educación bonaerenses reveló que en las escuelas primarias de la provincia hay unos 70.000 chicos de más de 5 años que ni siquiera tienen partida de nacimiento.
Esto ocurre aun cuando en los últimos años se abrieron delegaciones del Registro Civil en más de cien hospitales públicos bonaerenses con maternidad, y en todos los hospitales porteños donde se atienden partos. Pero el grueso de los argentinos indocumentados es mayor de 21 años. Y aunque podría pensarse lo contrario es un fenómeno urbano y no rural.
Cuando se habla de indocumentados en Argentina generalmente se asocia a los extranjeros de los países limítrofes. Sin embargo, las estadísticas hablan de que casi medio millón de argentinos no tienen Documento Nacional de Identidad. El problema de la identidad afecta también a los argentinos nativos.
En diálogo con Informes Jorge Álvarez Nuñez, presidente del Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (IADEPP), aseguró que “hace 15 años los indocumentados tenían la característica de un pobreza estructural rural, en la actualidad este fenómeno se trasladó a las zonas urbanas”.. Y sentenció: “Son cifras alarmantes, casi africanas”..
“Los indocumentados son los expulsados del mercado laboral de los mediados de los 80 para acá. Tienen un desencanto con el futuro, se precarizó su vida no sólo en cuanto a los ingresos sino también respecto de la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos”, manifestó Jorge Álvarez Núñez, referente del Instituto que trata de hacer visible esta problemática.
Barreras sociales
La situación de los NN es tortuosa desde donde se la mire. Sin DNI una persona no puede acceder a sus derechos civiles y sufre la exclusión social. Algunos de los problemas que debe enfrentar son no poder votar, no tener permiso para salir del país, sólo poder hacer la escuela primaria. Tiene mayores dificultades a la hora de encontrar un trabajo o acceder a una obra social.
“No tener documento te imposibilita tener un tratamiento en el hospital, incluir a tus hijos en un plan social, cobrar becas. Estudian en la escuela primaria, pero no reciben el titulo, no tiene trabajo en blanco ni obra social”, explicó el titular del IADEPP.
Para Germán Emanuele, de la organización Poder Ciudadano, los indocumentados, los que nunca fueron inscriptos, “no tienen vinculo con el estado”, por lo tanto no tienen acceso a derechos fundamentales como “salud y educación”.
Desde la institución, donde promueven la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información, consideran al DNI como instrumento de “inclusión social”.
Marco Legal
A raíz de esta dramática situación que padecen centenares de argentinos, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través del decreto 90/09 amplió algunos plazos de la Ley 26.413, que lleva hasta los 12 años de edad la prórroga para gestionar la partida de nacimiento en el Registro Civil.
Antes de que rigiera este decreto, estaba en vigencia la Ley 26.413 (Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas), sancionada en el 2008, la cual establecía un plazo de cuarenta días desde el nacimiento del bebé para inscribirlo en el Registro Civil. Si esto no ocurría, el artículo Nº 29 de la Ley sostenía "Vencidos los plazos indicados, la inscripción sólo podrá efectuarse por resolución judicial".
Ante esta situación, los padres debían presentarse con dos personas que atestigüen el nacimiento del bebé, un certificado expedido por el médico determinando la edad y fecha de nacimiento y demás pruebas que el juez considere pertinentes.
“El decreto es un avance, pero al mismo tiempo una sabana corta, porque el grueso de indocumentados supera los 12 años de edad”, sostuvo Álvarez Núñez.
Sin embargo para el referente de Poder Ciudadano Germán Emanuele, “la problemática de los indocumentados requiere políticas acordes”. “No se pueden elaborar políticas de acción si no se tiene cifras”, expresó a Informes el miembro de área de Construcción Ciudadana, en clara referencia a la falta de estadísticas oficiales. Además expresó que desde su organización se está pidiendo al Gobierno Nacional que en el censo a realizarse el año próximo se incluya el rubro indocumentados.
Emanuele expresó: El decreto no sirve porque es de carácter excepcional”. Y Agregó que se necesita, “una política documentaria que perdure en el tiempo”.
Jorge Álvarez, manifestó además, “que es importante que las Provincias reglamenten este decreto (90/09), involucrando a los municipios y las escuelas, de manera de que esta amnistía llegue a sus destinatarios, evitando el escaso resultado que se obtuvo con amnistías anteriores”. "La intervención de los municipios y en especial de las escuelas, es fundamental para detectar los casos que pudieran estar beneficiados por esta medida; teniendo en cuenta que todas las escuelas conocen y tienen registrados los casos de alumnos que cursan y que no poseen el DNI. Por tal motivo, la implementación de esta normativa será importante si se logra alcanzar a la totalidad de los beneficiados”, agregó el titular de la ONG
En este sentido, el Presidente del IADEPP, coincide con Emanuele al afirmar, que “no sólo es importante aprobar la normativa sino también ejercer desde el Estado las acciones que son necesarias para hacer llegar ese derecho a quien debe ejercerlo; para lograr la verdadera inclusión y que el Decreto no sea una letra muerta que no cumpla su objetivo".
La provincia de Buenos Aires tiene una situación especial en cuanto a la aplicación de este nuevo decreto que amplía a 12 años la edad para tramitar en el Registro Civil el DNI. Al respecto, Jorge Álvarez explicó que en la Provincia no se cumple la Ley 26.413, por lo tanto tampoco se puede hacer efectivo el decreto 90/09. “Esta ley nunca fue aplicada. Si en la provincia se aplica el decreto se estaría reconociendo la ley. La Provincia , para evitar una catarata de juicios desconoce el decreto”.
Sin embargo agregó que “se está trabajando en una estrategia legal para que pueda reconocerse”. Por lo tanto más allá de la campaña lanzada por el Gobierno Nacional no se podría estar anotando a un chico de hasta 12 años en los registros civiles de la provincia.
Programa Inscripción del Recién Nacido
De la mano con la iniciativa del gobierno Nacional, con la sanción del decreto 90/ 09 de ampliar a 12 años la edad para que los chicos puedan obtener su DNI en el registro civil sin tener que llegar a la vía judicial, la legislatura bonaerense aprobó un proyecto de declaración para que Poder Ejecutivo “ instrumente las medidas necesarias para fortalecer al Registro de las Personas en la Gestión del Programa de Inscripción del recién Nacido, incrementando el número de oficinas requeridas en la totalidad de los hospitales públicos, maternidades y centros de salud pública, a fin de equiparar el acceso al Derecho a la Identidad en todos los bonaerenses”.
El proyecto fue impulsado por la diputada de FpLV Sandra Cruz, quien en su fundamentación señaló que “ésta iniciativa permitirá efectivizar el derecho a la identidad, tal como lo señala el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño: que “Todo niño o niña tiene derecho a ser inscripto/a inmediatamente después de su nacimiento; a tener un nombre desde que nace”.¨
La Legisladora, que responde a los movimientos sociales, indicó a Informes que “el objetivo es mejorar el programa de inscripción y documentación de todos los niños y niñas que nazcan en el hospital, antes de que la madre sea dada de alta”. Y agregó: “La iniciativa va en el mismo sentido que la del Gobierno Nacional”
El Programa de Inscripción del Recién Nacido existe desde el 2004 y el mismo consiste en la apertura de oficinas y delegaciones del Registro de las Personas en hospitales y maternidades públicas. Si bien el Programa ha avanzado mucho ya que cuenta con 69 oficinas en distintos hospitales, aun no se logró la apertura en la totalidad de los nosocomios. Es decir, la provincia cuenta con 77 hospitales públicos 157 municipales.
En este sentido la diputada expresó a este medio que donde más se “necesita avanzar” es en la localización de las oficinas para los “hospitales municipales”.
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