La fuerza de la verdad

(Dypra) -En un reciente fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la validez de un allanamiento realizado en la vivienda de una persona presuntamente hijo de desaparecidos, a fin de recabar algunos de sus objetos personales y obtener de allí su ADN para analizarlo en el Banco Nacional de Datos Genéticos donde obran las muestras genéticas de los familiares de desaparecidos que buscamos a niños nacidos en cautiverio o secuestrados con sus padres, jamás devueltos a sus familias...

Es el Estado, a través de su Poder Judicial, el que debe asumir la responsabilidad de resolver los serios conflictos que se plantean como consecuencia del más aberrante plan criminal de la dictadura. Trasladar esa decisión a las víctimas, lejos de evitar su “revictimización”, la provocaría, pues si algún argumento se reitera entre aquellos jóvenes que rechazan someterse a un análisis de ADN es que no quieren ser “culpables” de que quienes los criaron vayan a prisión. Del mismo modo, conferirles una suerte de poder de veto sobre el uso de sus análisis de ADN como pruebas incriminatorias de sus apropiadores –tal como han sugerido los jueces Zaffaroni y Lorenzetti en su voto disidente– los convertiría en “culpables” de su impunidad.

Vale la pena destacar que hasta la fecha nueve jóvenes recuperaron su identidad por la vía cuya validez reconoció la Corte Suprema. Si bien no se ha tratado de procesos exentos de dificultades y contradicciones, ninguno de los jóvenes realizó impugnaciones al resultado una vez que lo conocieron. Es decir que sus posiciones cambiaron diametralmente luego de conocer la verdad. Y es que, como deben saber los jueces de la Corte y como aprendimos las Abuelas en más de tres décadas de incansable búsqueda, la verdad libera.

• Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.