Para completar la pintura de la apremiante situación de la Provincia, habría que inventar algún slogan que dé cuenta de la penosa incapacidad del sistema político local para hacer frente a evidentes desequilibrios en el reparto de los ingresos fiscales.
El “rojo” bonaerense, fue la primera señal de alarma: será de 5.500 millones de pesos para el Gobierno Provincial, aunque las consultoras privadas hablan de una brecha fiscal aún mayor: 6.500 millones para Abeceb, entre 8 mil y 10.500 millones de acuerdo a estimaciones del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE), que dirige José Sbatella, un economista que ciertamente no puede ser tildado de “ultraortodoxo”, “noventista” o cualquier otro de los calificativos a los que suele recurrir el kirchnerismo cuando quiere descalificar a quienes difunden cifras que no le gustan o no le convienen.
Aún si la estimación más precisa resulta ser la de mínima, la situación es preocupante: confirma que las cuentas públicas bonaerenses no logran salir de la espiral de acelerado deterioro en el que entraron en 2005, según explicó a esta agencia la analista Carolina Schuff, de Abeceb. No es ese el único dato negativo: la Provincia apenas si está logrando cumplir hasta ahora con las metas de aumento de la recaudación, pese al incremento de alícuota y de la base imponible del impuesto a los ingresos brutos. IEFE estimó, por su parte, que podrían recaudarse 5 mil millones menos que lo presupuestado.
En ese marco, 97 comunas han debido ser socorridas en los primeros siete meses del año con aportes del tesoro nacional o provincial, por un total de 88 millones de pesos. El Gobierno bonaerense, que tiene acceso a las cuentas bancarias de las municipalidades, detectó que, al día de hoy, 13 intendentes tienen apenas lo justo para sobrevivir un mes más. Después, quién sabe. Sólo puede asegurarse que 20 ciudades no van a necesitar un plus financiero para cerrar cuentas. En términos globales, en tanto, la provincia está un 2% debajo de lo previsto en materia de remesas por coparticipación bonaerense, aunque lo ha ido compensado por otras ventanillas.
Pueden pensarse que estos números son materia de discusión entre expertos, nada que deba interesar al ciudadano de a pie. No es así. Sbatella realizó un estudio que muestra hasta dónde el “rojo” financiero puede impactar en la vida cotidiana. Según ese trabajo, en 2008, el déficit fue de 3.200 y no de 4.600 millones sólo porque se invirtió la mitad de lo previsto en obra pública. Obra pública: caminos, hospitales, cloacas. El panorama no ha mejorado: en los primeros cuatro meses de este año se había ejecutado el 15% de esa pauta, cuando, para cumplir lo comprometido a fin de año, el uso de esos recursos debía haberse elevado al 34% hasta abril.
CULPAS Y SOLUCIONES
¿Es el Gobierno de Scioli el responsable de esta situación? Sin duda, quien ejerce la primera magistratura de una provincia se hace acreedor a una buena cuota de responsabilidad. Pero las cosas no son tan sencillas: economistas y políticos oficialistas y de la oposición consultados , coincidieron en que el huevo de la serpiente se puso en junio de 1988, cuando peronistas y radicales, durante el Gobierno de Antonio Cafiero, aprobaron en la Legislatura la ley 10650, que adhirió a Buenos Aires al esquema de coparticipación que reemplazó al sancionado en 1973 y cristalizó la baja de seis puntos en coparticipación que había admitido Alejandro Armendáriz.
Unos cuantos datos bastan para ejemplificar el ahogo que ese injusto esquema de reparto implica para la Provincia, gobierne quien la gobernare y sin desconocer que hay administraciones más eficientes que otras. El tesoro bonaerense es el mayor aportante a las arcas nacionales: gira el 40% de los recursos totales que envían las provincias, pero sólo recibe un 20%. Produce el 70% del total de las exportaciones agropecuarias pero, en concepto de “coparticipación sojera”, apenas le llega una proporción del 30% que la Nación gira a la totalidad de las provincias, lo que apenas alcanzó para reducir de 4 a 1,5% el déficit registrado hasta hoy en ese punto.
Para hacer frente a esta situación, por lo pronto, Scioli ha avanzado en algunas medidas de coyuntura. Emitió un decreto que obliga a todas las reparticipaciones pública a extremar la austeridad. Y otro que le permite emitir deuda por 3.170 millones de pesos, que podría ser utilizado la semana próxima para autorizar la emisión del bono, ya anunciado, por 35 millones de dólares. Pero hasta ese ínfimo desahogo ahora se ve amenazado por la pretensión de los docentes de lograr un segundo aumento en el año, luego de una suba del 8,9% que costó 1.100 millones de pesos. A esa presión extra sobre las cuentas provinciales se sumará una segura embestida del resto de los estatales.
Pero el desafío real del Gobernador está en otra parte: necesita asegurar fondos extra, por fuera de lo previsto hasta ahora. Hay negociaciones abiertas con el Gobierno nacional, en las que se exploraron algunas opciones, entre las que se cuentan las de dolarizar el famoso “Fondo del Conurbano”, congelado en 650 millones de pesos desde 2002 y acordar más remesas en los últimos cinco meses. Para eso, Scioli deberá tener el OK de la pareja presidencial, que hace un año reconoció que la Provincia debía recuperar coparticipación y nunca más se ocupó del asunto.
El problema es que la arquitectura política para alcanzar cualquiera de esas soluciones es compleja, porque implica el riesgo siempre latente de enemistarse con el Gobierno nacional. Un ejemplo de los riesgos fue la áspera respuesta que, vía Aníbal Fernández, recibió hace 15 días a la propuesta formulada por el propio Scioli a la Presidenta, Cristina Fernández -que fue senadora bonaerense- para que la provincia recupere al menos los puntos de coparticipación que recibía a mediados de la década del ´90 por el impuesto a los ingresos brutos.
Por lo pronto, Scioli evalúa citar a todos los diputados nacionales bonaerenses para hablar sobre iniciativas parlamentarias que le permitan obtener más recursos. Y aprovechó el diálogo político provincial para compartir el reclamo con la oposición, aunque sin lograr un acuerdo de fondo para impulsar en conjunto un cambio de régimen. En ese sentido, la incapacidad de los representantes de la provincia de todas las banderas políticas de transformar este reclamo en una política de Estado –más allá de las declaraciones de circunstancia- es una buena señal de la calidad de la dirigencia política actual.
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