La causa por la venta de autos judiciales inexistente y donde está involucrado un pergaminense sigue su curso legal.
Como se recordará el expediente está radicado en el Juzgado de Instrucción de la Novena Nominación a cargo del Dr. Javier Beltramone, secretaria del Dr. Enrique Paz.
En estos momentos y por una caución real de mil pesos recuperó la libertad el pergaminense Arsenio Julio Manteca. El magistrado continua investigando la causa caratulada "Estafas, falsificación de sellos y timbres, usurpación de títulos en concurso real". En la misma hasta el momento existe un único imputado.Una fuente de absoluta confianza señaló a Colón Doce que en quince días habrá una resolución del juez.Cabe destacar que el colonense ya fallecido Walter Castro fue sobreseído por la causal de su muerte.
La causa judicial
El hecho que se investiga es la "adquisición en licitación judicial en los procesos de quiebras de vehículos usados". En su momento, se realizó un allanamiento en Pergamino en la casa de Manteca, que se hacía pasar por el doctor Salaverri.
En la vivienda del falso funcionario se secuestraron entre otra cosas sellos del Banco Provincia de Santa Fe. También otro que decían "abogado" con su correspondiente número de matrícula. Por otro lado está acreditado que los oficios de distintos Juzgados -uno de ellos Pergamino- indican que esos expedientes judiciales por los cuales se licitaron los vehículos son inexistentes. La estafa se realizaba cuando a una persona (víctima) era contactada por la organización que precedía el falso abogado pegaminense y le ofrecía un camión o un auto y que estaba en licitación judicial. El ofrecimiento era a precio económico y se pedía un adelanto para terminar con los papeles.
El Juzgado en su momento estaba investigando la vinculación entre el pergaminense y el colonense en una maniobra realizada contra Lucía G., una empleada de Villa Amelia. Los timadores le prometieron gestionar la venta de un camión y un auto contra el dinero de la operación les entregaron comprobantes, como boletas de depósitos judiciales intervenidas con sellos del Banco de Santa Fe, apócrifos, que daban cuenta de la supuesta legalidad de las operaciones.
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