El pronunciarse en torno a la trata de personas, la diputada provincial oriunda del distrito de Chascomús alertó que el descuido en esta materia se debe a que "El Gobierno peronista, preocupado y dedicado a pleno a la elección del 28 de junio" lo que lo "convierte en socio de las vulneraciones de los derechos de las personas, volviéndose cómplice por omisión".
Nombro a la ciudad de Colón como que este flagelo se extiende. Una versión indica que habría cuerpo especial investigando este tipo de delito. Por otra parte, el hecho más cercano fue un operativo de Gendarmería Nacional que en Ruta 8, detuvo a dos ciudadanas panameñas que no tendrían residencia.
A continuación la legisladora de la CC destacó "La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de una o más personas dentro del territorio nacional y/o desde o hacia el exterior, con fines de explotación económica o cualquier tipo de beneficio para sí o para terceros, constituye una actividad criminal de las más lucrativas a nivel mundial".
A modo de raconto, la diputada bonaerense explicó en su documento que el gobierno argentino suscribió en el 2002 el Protocolo de Palermo destinado a prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños, y que posteriormente el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.364 que tipifica la conducta delictiva.
A pesar de esto, la legisladora de la Quinta Sección Electoral bonaerense consideró que "La política del gobierno argentino es ineficaz porque no basta con tipificar el delito sino que es necesario que se comience a delinear acciones de carácter preventivo, de protección y asistencia a las victimas de trata, con políticas claras dirigidas a erradicar el delito".
En ese sentido, la integrante del Bloque del Frente Coalición Cívica en la Cámara baja provincial condenó que "No puede permanecerse impasible ante una actividad ilegal desarrollada por bandas de crimen organizado, y resulta claro que para que este crimen ocurra requiere al menos de la omisión de quienes tienen responsabilidades en el Estado".
En suma, Ana María de Otazúa reprochó "Es necesario que el gobierno argentino tome medidas implementando políticas para combatir este delito" ya que según finiquitó "Cuando menos por omisión el Gobierno posibilita ese crecimiento convirtiéndose su actitud en complicidad (Provincia)
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