La ley modifica el llamado “régimen de policía adicional” vigente desde la década del 90, que habilitaba a miembros de la policía provincial para realizar tareas de vigilancia en instituciones privadas pero a contraturno y con el costo a cargo de quien lo solicita.
Ahora, esa posibilidad de extiende a los efectivos retirados que tengan menos de 65 años y logren superar una examen psicofísico. La norma establece que podrán realizar tareas de vigilancia en en edificios públicos, espectáculos deportivos, bancos y entidades privadas.
Para los municipios supone además una posibilidad de aumentar su dotación de efectivos, ya que las comunas quedan habilitadas a contratar a estos agentes, por tiempo determinado, para realizar tareas relacionadas con la seguridad pública común, a la par de los policías activos.
Claro que como ocurre con las entidades privadas que solicitan las tareas de estos agentes, también las comunas tendrán que correr con las erogaciones que contratar a los retirados supone, ya que serán las encargadas de pagarles el sueldo, según se establece en la ley sancionada hoy
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