Con la sola oposición de la Coalición Cívica –que objeto cuestiones de forma pero expresó su acuerdo de fondo con el proyecto-, los diputados del FpV-PJ, UCR, la Concertación, Unión Celeste y Blanca y PRO crearon dos herramientas que el Ejecutivo considera clave para el combate de los delitos sexuales, tanto que el ministro de Justicia, Ricardo Casal, realizó gestiones de último momento en la cámara para asegurarse que la iniciativa prosperara hoy mismo.
En el Banco de ADN, que será de acceso restringido exclusivamente a jueces y fiscales y que funcionará en el ámbito de la Suprema Corte Provincial, se asentarán los resultados de los estudios genéticos realizados en el marco de investigaciones por delitos contra la integridad sexual, la vida y la libertad de las personas. Se utilizará para cruzamientos de datos que posibiliten identificar a presuntos delincuentes, en el marco de investigaciones penales en curso.
En el registro de violadores, por su parte, serán incluídos los datos de todos los delincuentes con condena firme por delitos contra la integridad sexual –actualmente en las cárceles de la Provincia hay 1.600 personas en esa condición- y también será accesible a jueces y fiscales, pero además podrán consultarlo todas las personas e instituciones que acrediten tener un “interés legítimo” en los datos, siempre para casos puntuales.
Justamente, esa definición de “interés legítimo”, que se precisará durante el proceso de reglamentación de la Ley, fue objetada por el titular de la CC, Jaime Linares, que consideró que podría dar lugar a planeos de inconstitucionalidad por afectar derechos y garantías individuales. El problema es que alguien podría presentar un habeas data, recurso destinado a proteger la privacidad de los datos personales, el cual, de ser aceptado por algún juez, podría derivar –a criterio de la CC- en la caída de la ley.
El titular del bloque Frente para la Victoria-PJ, Raúl Pérez, fue el encargado de responder: eligió realizar la enumeración de una extensa lista de registros con datos personales que son de acceso público en el país y la provincia, entre los que figura, sin ir más lejos, el de deudores morosos fiscales que la Agencia de Recaudación de Buenos Aires que le recaudador Santiago Montoya difunde habitualmente por Internet.
Con todo, quedó claro que la definición de “interés legítimo”, clave del acceso al registro, será uno de los puntos más espinosos del proceso de reglamentación, que esta vez compartirán, por decisión del Ejecutivo, el Ministerio de Justicia con los diputados y senadores autores de los 10 proyectos sobre este tema que fueron presentados por este tema, entre ellos los autores de la norma finalmente aprobada, los senadores Elsa Strizzi, Edda Acuña, José Molina (todos del FpV) y José Molina (de la CC).
Casal, que siguió el debate desde el palco oficial de Diputados, adelantó que se deberá evitar la doctrina norteamericana conocida como “salir de pesca”, que consiste en presentar pedidos masivos preventivos para averiguar si, por caso, todo el personal de una escuela o una empresa, tiene condena firme por este tipo de delitos. “Hay que evitar las venganzas públicas, que pueden afectar a terceros o a supuestos criminales que después resulten ser inocentes y, además, son inadmisibles en un Estado de Derecho”, advirtió Casal.
Sin embargo, uno de los diputados que participará en la reglamentación, Ramiro Taglafierro (PRO), aseguró que el registro sea accesible vía Internet “para absolutamente todas las personas y con solo hacer un clic”. Desde el FPV-PJ, el diputado Horacio De Simone –que es médico pediatra- dijo que “uno que ha visto casos aberrantes contra menores, se pregunta ¿por qué tanto cuidado con los derechos humanos de los delincuentes; quién piensa en los derechos de la víctimas, quién pensó por caso en los derechos de Rocío”, la chica de 12 años violada y quemada en Coronel Suárez.
De hecho, ese caso, al que casi todos los legisladores que tomaron la palabra hicieron referencia, fue el disparador para la presentación, por parte de la senadora Strizzi, luego de que fuera exigido por una asamblea ciudadana que se realizó en Coronel Suárez. También disparó propuestas para avanzar en el “problema de fondo”, según lo calificó De Simone: “avanzar en penas mayores para los violadores y en un régimen de excarcelaciones más duro, porque por el nivel de reincidencia que tienen la cárcel es el único lugar donde pueden estar”.
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