Nucleados en la denominada “Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires” –entidad formada en 1998 y reactivada en los últimos meses ante el avance de la reforma penal que impulsa el gobierno- los magistrados advirtieron que, de aprobarse tal como están planteadas, las pretendidas modificaciones del CPP conducirán a “una desnaturalización total del sistema represivo de la provincia”.
Los jueces señalaron que las reformas que pretende aplicar el gobierno derivarán, entre otros “perjuicios”, en una reducción de la seguridad jurídica para los ciudadanos; en la posibilidad de que un particular damnificado cuente con las mismas atribuciones que un fiscal (con lo cual, por caso, estaría en condiciones de convocar a juicio); o extendiendo las prisiones preventivas “indefinidamente” avanzando sobre el principio de presunción de inocencia y engrosando más aún el número de detenidos del ya desbordado Servicio Penitenciario Bonaerense.
La primera etapa de reformas del CPP fue aplicada tras la aprobación de dos leyes en la Legislatura provincial en febrero pasado. Con el objetivo de agilizar el trámite de las causas y descomprimir el cúmulo de expedientes del Tribunal de Casación –se estima que hay unas 7 mil causas sin resolución- se acordó que este cuerpo revisará sentencias de tribunales criminales cuando las penas del delito sean mayores a 6 años de presión. Además, se otorgó mayores poderes a la Corte Suprema –como la aplicación del mecanismo de “certio- rari”- y se redujo la llegada de apelaciones al alto tribunal a los delitos con penas de más de 10 años de prisión.
Otro de los puntos fuertes del primer tramo de la reforma estribó en la ampliación del proceso de flagrancia a todas las departamentales de la provincia. Se trata de un proceso muy breve de acusación para delitos cuya pena máxima prevista sea de hasta 15 años y cuya sentencia no puede demorarse más de 60 días. “La flagrancia ya está implementada en casi todas las departamentales” dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense, Marce lo Feliú (FPV-PJ).
Reforma Polémica
Tras la aprobación de esta primera etapa de la reforma, el gobierno avanza ahora con el segundo tramo. Para ello, el Ministerio de Justicia lanzó por internet una serie de consultas a todos los sectores vinculados al sistema judicial. Feliú indicó que esta etapa estaría terminada para fines de julio.
La cartera judicial busca ampliar consensos porque sabe que la aprobación total de la reforma del CPP no será tarea sencilla.
De hecho, el propio ministro de Justicia, Ricardo Casal, dijo días atrás, que los resultados preliminares de la consulta virtual arrojan que un 60 por ciento de los consultados hizo observaciones de forma o pidió cambios de fondo en el esquema de reformas propuesto por el Ejecutivo.
En un documento al que tuvo acceso y que ya está en manos de Casal, la “Red de Jueces Penales” expresó sus advertencias sobre el puntos sustanciales de la reforma que se viene:
- Juzgados unipersonales: los jueces consideraron “preocupante” la transformación de los tribunales orales en lo criminal (TOC) en unipersonales para delitos con penas menores a 15 años.
“Jueces aislados son más débiles, más obedientes, más disciplinados, pero, a su vez, son jueces menos republicanos, al ser menos independientes de grupos de poder formal o informal” indica el documento.
Para el gobierno, esta triplicación de la capacidad operativa de la justicia penal dará lugar a una Justicia más ágil. (HOY)
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