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29/06/2008
Cooperativas Eléctricas

Acordaron veinte por ciento de aumento.


El gobierno bonaerense y unas 200 cooperativas eléctricas acordaron un aumento de tarifas que contempla la aplicación de una suba mensual de 4,50 pesos por medidor (entre un 7,5 y un 9 por ciento) y que afectaría a cerca de 900 mil usuarios de toda la provincia...


La medida, que aún no entró en vigencia, establece una suerte de “incremento provisorio” que debería pagarse en principio hasta el mes de noviembre mientras se discute la suba general de tarifas que, desde hace tiempo, reclaman las federaciones donde están nucleadas las cooperativas.


Según informaron fuentes del gobierno provincial y el cooperativismo, la autorización del incremento fue comprometido por el Ministerio de Obras Públicas bonaerense y el decreto está a la firma del gobernador Daniel Scioli.


La promesa sirvió para destrabar un conflicto con los trabajadores de las cooperativas -nucleados en el gremio Luz y Fuerza- que amenazaban con volver a los paros. El viernes 6 de este mes, los empleados iniciaron una huelga por reclamos salariales que paralizó la atención de estas 200 cooperativas –responsables del servicio eléctrico en el 40 por ciento de la provincia- y puso en riesgo la prestación del servicio en buena parte de los distritos afectados.


Cinco día después el Ministerio de Trabajo dictó la concialición obligatoria ya que la situación comenzaba a desbordarse. Por caso, en Olavarría tres barrios se quedaron sin luz y el servicio no fue restablecido. Tras dos días de espera los vecinos salieron enfurecidos a protestar a las calles.


La conciliación obligatoria suspendió el paro y las negociaciones continuaron. Ayer, las federaciones de cooperativas FICE, Fedecoba, Creces y Apeba firmaron en el Ministerio de Trabajo un acuerdo a través del cual los trabajadores recibirán un aumento salarial del 20 por ciento. Lograron desactivar una nueva medida de fuerza, que a esa altura, era casi un hecho.


Pero el acuerdo no fue gratuito: los cooperativistas lo suscribieron porque previamente la Provincia les prometió que autorizaría un retoque tarifario. Se trata de una extensión de los denominados “cargos fijos”, una suba de 4,50 pesos por usuario que ya se aplicó en abril y mayo y que ahora -una vez que se firme el decreto- se extenderá hasta noviembre próximo, dijeron las fuentes consultados.


De acuerdo a la tarifa eléctrica que paga mensualmente un usuario promedio en la provincia (entre 50 y 60 pesos), el nuevo “cargo fijo” implicará para el consumidor una suba de entre 7,5 y 9 por ciento.


“Esto nos da un poco de aire para afrontar los aumentos de salarios, pero el cargo fijo no deja de ser un parche” dijo a esta agencia Niocolás Ambrosius, el titular de la Asociación de Prestadores de Energía Eléctrica bonaerense (Apeba) que nuclea a las cooperativas más grandes de la provincia en Pergamino, Luján, Zárate, San Pedro, 9 de Julio, Olavarría, Azul, Tandil y Tres Arroyos, entre otras.


El empresario sostuvo que la solución de fondo pasa por un aumento general de tarifas que –según dijo- podría aplicarse aumentando el servicio sólo a los grandes usuarios para que “pague más el que más consume”.


Es que, como admiten en el propio gobierno provincial, la apicación de cargos fijos es “regresivo”. “Proporcionalmente pagará lo mismo el que tiene una heladera y un foco que el que tiene una mansión”, graficó un funcionario que siguió de cerca la negociación con las cooperativas.


Se trata de una medida de emergencia adoptada ante la presión de Luz y Fuerza, y en el marco de la precaria situación que atraviesan la mayoría de las cooperativas eléctricas. Las federaciones esperan que la prórroga de los cargos fijos se autorice a la brevedad. “Si esto no ocurre, no vamos a poder pagar la suba acordada con los trabajadores”, aseguró un cooperativista.


Por esta razón, el convenio firmado en Trabajo incluye la posibilidad de que las cooperativas que acrediten problemas financieros realicen acuerdos con sus empleados a nivel local. Es el caso de la cooperativa de Olavarría. Su titular, Carlos Díaz, señaló que “no estamos en condiciones de pagar” el aumento del 20 por ciento.


Al margen de la suba quedarán los beneficiarios de la tarifa social, un grupo de usuarios que, por imposibilidad financiera, paga menos de la mitad del impuesto promedio.



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