(DIB) Así lo admitió el futuro ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, aunque no quiso dar detalles de cuales serán los ejes principales de la reforma. Sin embargo, el futuro funcionario de Scioli ante una consulta aseguro que se “profundizara” la reforma de 1998 y negó que se le restituyan atribuciones a la policía como la de hacer allanamientos.
Casal informo de esta reforma al Código Penal en la reunión entre Scioli y los intendentes de la Federación Argentina de Municipios, luego de contestar una consulta sobre si en el nuevo esquema judicial de la provincia y por los retrasos en el sistema penal, la policía iba a volver a tener las atribuciones de allanar e interrogar a los detenidos.
“No, absolutamente no. Se profundizara la reforma, no daremos un paso atrás”, dijo al término de la reunión y señaló que se planea darle a los fiscales “mas herramientas” para eficientizar la tarea de investigación y su trabajo junto a los jueces de Garantías.
En paralelo se analiza la conformación de un nuevo mapa judicial de la Provincia, no teniendo en cuenta la distribución geográfica sino la realidad de cada región.
En ese sentido, asevero que se pondrá en marcha el Departamento de Rodríguez-Moreno “en el corto plazo” y bregara para que el proyecto de los Tribunales de Merlo-Marcos Paz y Las Heras salga antes de que se vote el nuevo mapa judicial en la Provincia.
En el proyecto también se consideraran la ubicación de las fiscalías descentralizadas, que ya suman más de 160 en todo el territorio provincial y se buscara reforzar a la policía penitenciaria dentro del nuevo esquena de cárceles y alcaldías.
Para ello llevara adelante un “observatorio” que trabajara sobre el diagnostico de la realidad carcelaria y el trabajo a realizar a futuro. Según datos preliminares, el 76 por ciento de los presos tienen entre 21 y 40 años, el 80 por ciento reconoció no tener ni profesión ni oficio y el 75 por ciento admitió que no sabe leer ni escribir.
Por ultimo, adelanto que el nuevo gobierno de Scioli trabaja sobre un Instituto de Defensa a la Víctima, en donde el Estado se deberá hacer cargo de esas personas después del proceso judicial y el daño producido la dejo indefensa para desenvolverse en la vida.
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