(DIB)El pedido era respecto a una ley que le impide concursar nuevamente por otro cargo hasta tanto no transcurran dos años desde que asumió el puesto que ocupa.
Los jueces Daniel Soria, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Eduardo de Lázzari y Francisco Roncoroni concluyeron que “la normativa impugnada no se muestra como manifiestamente irrazonable y/o arbitraria, u ostensiblemente apartada del texto constitucional”.
El artículo 6º, último párrafo de la ley 11.868, dispone que “el aspirante que haya sido designado para un cargo en el cual hubiera intervenido el Consejo de la Magistratura para su selección, no podrá postularse para cubrir otro, hasta tanto no hubieren transcurrido dos años contados a partir de su toma de posesión”.
Ante esto, la accionante señaló que se intenta agregar al requisito de “idoneidad para el cargo”, “otros que no figuran en el texto constitucional”, por lo que solicitó que “en forma cautelar y urgente se dicte una medida de no innovar y/o se disponga la suspensión” de esa disposición de la norma, algo a lo que la Corte no hizo lugar.
“No puede advertirse en la especie una situación de peligro cierto o inminente que imponga la urgente adopción de una medida de naturaleza excepcional como la que aquí se solicita”, se lee en el fallo de la mayoría.
La presentación había sido efectuada por la magistrada María Cristina Castagno, quien sostuvo que esa norma le causa un “agravio irreparable por cuanto ha tomado posesión de su actual cargo el día 27-09-2006, viéndose impedida –por tanto- de presentarse a futuros concursos llamados por el Consejo de la Magistratura para cubrir cualquier otro cargo en la órbita del Poder Judicial”.
La jueza fundó su pretensión en la afectación del derecho a trabajar, a la igualdad, “así como también en la vulneración a la garantía de razonabilidad, por cuanto entiende que la norma que pretende reglamentar el derecho a aspirar, concursar y eventualmente a ser distinguida con la selección, en definitiva, resulta discriminatoria en su perjuicio”, explica el fallo.
Asimismo, contra la decisión de la mayoría, Héctor Negri votó en disidencia y señaló que la norma en cuestión “resulta para la actora un valladar para su postulación a nuevos cargos en la carrera judicial, afectando de ese modo, con un grado razonable de verosimilitud, los derechos constitucionales invocados en la demanda”.
Mientras que sostuvo que “se encuentra acreditado el peligro en la demora, puesto que el tiempo que insumiría el trámite del presente proceso importa, en la especie, una situación de peligro cierto e inminente que impone la urgente adopción de la medida solicitada”.
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