El caso ya tuvo 549 miembros de fuerzas de seguridad en actividad y retirados sospechosos de haber tenido alguna intervención en el hecho; entre los que hay efectivos policiales, de fuerzas armadas y de otras fuerzas de seguridad tanto nacionales como provinciales que se hallan "en situación de actividad, retiro, detenidos e imputados en delitos de lesa humanidad".
El informe enumera 470 operativos llevados adelante -entre allanamientos e inspecciones con anuencia de moradores- que incluyen cinco dependencias policiales, seis unidades militares y la cárcel de Marcos Paz, del Servicio Penitenciario Federal; ésta última allanada en dos oportunidades. También hubo, al menos, media decena de allanamientos a domicilios particulares de uniformados y retirados.
Se intervinieron 168 líneas telefónicas y se utilizó el sistema Vínculos por Análisis Informático de las Comunicaciones (VAIC) en 1.198.618 comunicaciones. Se practicó la detección de 436.825 comunicaciones realizadas en los barrios Los Hornos, Punta Lara y otras zonas de influencia de La Plata. Las intervenciones telefónicas demandaron “la escucha y redacción de actas de, aproximadamente, 405 casetes de audio”, detalló el informe.
Sólo durante 2007 se siguieron pistas arrojadas por 1338 llamadas al servicio de emergencias 911, entre las cuales se incluyen 320 entrevistas, 19 identificaciones de personas, 172 recorridas; además hubo 291 llamadas en broma.
Los datos llegaron a la prensa cuando faltan apenas unos días para que se cumpla el año desde que el albañil fue visto por última vez y forman parte de un informe elaborado por la Superintendencia de Investigación en Función Judicial, conducida por Hugo Matzkin, coordinador de todos los recursos policiales asignados al caso.
Si bien el informe carece de datos sobre los resultados de las investigaciones, es obvio que los mismos han sido insatisfactorios, pues nada se sabe sobre los responsables de la desaparición de López, ni cuál ha sido su suerte.
Lo único concreto es que se trabajó en la supuesta intervención de "organizaciones delictivas con miembros de distintas fuerzas de seguridad y/o militares", cuyo objetivo habría sido intimidar a testigos que deben dar testimonio en procesos contra ex militares y policías ante la reapertura de causas que provocaron la anulación de las leyes de perdón.
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