"Busca direccionar fondos públicos hacia una institución privada, cuando tanto el Estado provincial como el IOMA garantizan la cobertura de casos como el citado en el fallo judicial", aseguró Mate sobre la resolución de Arias. En el fallo el juez platense consideró que el Ministerio de Salud no cumplió con una orden judicial que lo obligaba a cubrir por completo el tratamiento en clínicas y el transporte escolar a estos tres menores.
Pero el titular de la cartera sanitaria explicó que “ya se ha pronunciado la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, que es una instancia superior, donde se sienta jurisprudencia sobre casos similares, en contra de disposiciones del Juez Arias, que aclaran que el Estado no debe pagar ninguna diferencia porque la Obra Social garantiza el tratamiento requerido y también en el Estado provincial a través de establecimientos públicos".
Pero Mate fue más lejos de las cuestiones judiciales y dijo que le “llama poderosamente la atención que sea el mismo magistrado y la misma abogada patrocinante, quienes presionan a los administradores de los fondos públicos a favor siempre de la misma institución”. Y es que en dos de los casos los menores discapacitados concurren a la misma clínica de estimulación temprana y rehabilitación, el Instituto Jhaití.
Por último Mate aseguró que "lo importante no es si el embargo pesa sobre mis ingresos, sino que la gente conozca a quienes insisten en buscar notoriedad a través de sus fallos, como mecanismo de presión política, cuando sus propios estrados superiores han desestimado estas mismas sentencias".
EL FALLO DE ARIAS
En el fallo el juez Arias ordenó que se descuente todos los meses el 20 por ciento del sueldo al ministro de Salud como condena por no haber cumplido con una medida judicial que obligaba a completar la prestación por escolaridad y transporte a tres menores discapacitados.
El fallo fue dictado hoy y condena al titular de Salud por no acatar la orden judicial que obligó a ese Ministerio a hacerse cargo de la parte que le correspondía –y que no son cubiertas por IOMA- de las prestaciones accesorias para tres chicos con problemas mentales.
En los tres casos las acciones judiciales fueron iniciadas en contra de IOMA y el Ministerio de Salud por la cobertura total de las prestaciones de escolaridad especial jornada doble y transporte especial.
El trámite judicial fue complejo. En primera instancia la Justicia ordenó a IOMA cubrir el servicio pero tras una apelación ese fallo fue revocado. Tras la insistencia de los particulares, ordenó al Ministerio de Salud que se hiciera cargo, pero la Fiscalía de Estado apeló nuevamente, medida concedida “con efecto no suspensivo”, lo que significa que la obligación sigue vigente para el Estado provincial.
Por eso, Arias condenó finalmente a Mate a pagar 50 pesos por cada día en que no se cumplió la orden judicial de cubrir las prestaciones a estos chicos por el transporte y la clínica de rehabilitación. Sumados todos esos días Mate tiene que pagar casi 40 mil pesos, que serán depositados para pagar los servicios en una cuenta del Banco Provincia.
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