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23/11/2006
En la Provincia

Antes de fin de año, se aprobaría el casamiento entre homosexuales


Buenos Aires se convertiría en el segundo estado en América Latina en contar con una ley que otorgue derechos a las parejas homosexuales y les permita formalizar las relaciones de convivencia, luego de Capital Federal. El proyecto sería aprobado en las últimas sesiones del año de la Legislatura bonaerense...


Las parejas homosexuales que viven en la provincia de Buenos Aires no cuentan con ningún tipo de derecho, desde la posibilidad de tomarse vacaciones juntos hasta tener licencia por maternidad. Sin embargo, esta situación podría cambiar antes de fin de año, si se aprueba en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que posibilitará la unión civil entre personas de cualquier sexo.


Buenos Aires sería el segundo lugar de América Latina en contar con una ley que otorgue derechos a las parejas homosexuales y les permita formalizar ante el Estado las relaciones de convivencia, luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Ni el proyecto bonaerense ni la ley de Capital reconocen dos derechos que la comunidad homosexual considera básicos: el reconocimiento como coa- doptante a uno de los dos y la herencia en caso de muerte. Es que para que las parejas homosexuales tengan exactamente los mismos derechos que las heterosexuales debería aprobarse una ley nacional, que la Comunidad Argentina Homosexual (CHA) ya presentó en el Congreso y espera ser tratada.


Entre los beneficios que permite este reconocimiento se encuentra la extensión de obra social; pensiones y subsidios; sacar créditos; licencia por maternidad, para cuidar a la pareja enferma o por duelo; planes de vivienda; decidir sobre la salud de la pareja internada; acceso preferencial a cárceles; pensión por fallecimiento; y pedir vacaciones o licencias durante el mismo periodo, entre otros.


El presidente de la CHA, César Cigliutti, contó el caso de una pareja bonaerense. Uno de los dos hombres estaba muriéndose en la cama de un hospital y como la familia nunca había aceptado su homosexualidad no permitieron a su pareja cuidarlo ni muchos menos visitarlo. Como no hay ninguna ley que ampare a las personas con distintas orientaciones sexuales, el hombre debió resignarse a no estar con la persona que amaba cuando se moría. Ni siquiera le permitieron ir al velatorio.


La ley que creará el Registro Público de Uniones Civiles terminará, al menos, con estas discriminaciones. En la Legislatura hay dos proyectos que fueron presentados por los diputados Luis Bruni (UCR) y Fernando Navarro (FPV) y que cuentan con el compromiso de sus bancadas para ser tratados antes de fin de año. Los requisitos serán mínimos: tener una relación de más de un año, domicilio en la Provincia, y ser mayor de edad o menor emancipado.


La Iglesia, en contra


Algunos sectores de la sociedad cuestionan otorgar el derecho de casamiento a los homosexuales.
El rector de la Universidad Católica de La Plata (Ucalp), Ricardo De la Torre, explicó que «legalizar la unión civil es aceptar la posibilidad de que existe un sexo distinto y promoverlo como algo natural». Para De la Torre la homosexualidad es un «vicio que con voluntad puede corregirse y la unión civil lo que hace es propagar esa enfermedad».


Otra de las teorías del rector de la Ucalp tiene que ver con una clara semejanza con el aborto, la educación sexual y la ley del divorcio: «Destruyen la familia y responden a políticas internacionales que quieren constreñir la población, porque si crece afecta a la economía».
En las antípodas de este pensamiento, el presidente de la CHA destacó que la ley de unión civil es «una herramienta que necesitan nuestras parejas» y consideró que tiene un poder educador y «enriquece a la familia».


En el mundo


Hay 15 naciones en el mundo y un estado norteamericano (Vermont) donde se permiten las uniones entre personas del mismo sexo. Únicamente en Holanda los homosexuales se casan con las mismas leyes que lo hacen las parejas heterosexuales.
Entre estos estados están Dinamarca, Noruega, Suecia, Groenlandia, Islandia, Holanda, Alemania, Francia, Bélgica y Hungría.
En Argentina se aprobó una ley en Río Negro pero aún no fue reglamentada. En tanto, proyectos similares al bonaerense fueron presentados en Mendoza, Córdoba, Santa Fe y La Pampa.


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