La creación del «registro de propietarios de razas caninas potencialmente peligrosas» está prevista en un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados bonaerense, que además define las medidas de «seguridad y prevención» que deberán adoptar los propietarios de los perros.
El proyecto considera «potencialmente peligrosos» a los animales que «por su naturaleza agresiva, tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de causar la muerte o lesiones graves a las personas o a otros animales, y daños a las cosas». Y menciona como tales a las razas Rottweiler, Bull Terrier, Do- bermann, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Mastín Napolitano, Pit Bull, Pit Bull Terrier, Akita Inu, American Staffordshire, Bullmastif, Fila Brasileño, Gran Perro Japonés, Presa Canario y Staffordshire Bull Terrier.
La iniciativa, que ahora deberá ser considerada por el Senado provincial, prevé que en el registro de perros potencialmente peligrosos «necesariamente habrán de constar, al menos, los datos personales del propietario», así como «los datos que permitan individualizar al animal, sus características y el lugar habitual de residencia».
A efectos de facilitar la individualización de los perros, el proyecto establece que «los propietarios deberán identificar al animal mediante la colocación de un microchip o de un tatuaje». El «registro de propietarios de razas caninas potencialmente peligrosas» tendrá una delegación en cada uno de los municipios bonaerenses, donde se entregará a los solicitantes un instructivo de crianza y prevención, en el cual deberán constar las obligaciones de los dueños de los perros, las medidas precautorias y de seguridad a adoptar en las viviendas donde alberguen a los animales, además de las condiciones mínimas de adiestramiento y sociabilidad que requieren los mismos.
Cualquier «incidente» producido por este tipo de perros a lo largo de su vida, conocido por las autoridades administrativas o judiciales, se hará constar en la hoja registral de cada animal, que se cerrará con su muerte o sacrificio certificado por veterinario o autoridad competente. La venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal, deberá comunicarse al registro municipal y, de acuerdo con lo que prevé el proyecto de ley de la diputada del PJ Marcelina Pérez de Ibarra, estará prohibido el abandono de este tipo de animales.
Medidas de Seguridad
La iniciativa aprobada determina que «para la presencia y circulación en espacios públicos de los perros potencialmente peligrosos, será obligatoria la utilización de correa o cadena de menos de un metro de longitud, collar y bozal homologado y adecuado para su raza, salvo en zonas rurales o despobladas, donde sólo será exigible la utilización del bozal».
También prevé que los dueños de los animales deberán «adoptar medidas de seguridad y prevención en las viviendas donde alojen a los perros, en las que deberán implementar, al menos, estructuras suficientemente resistentes y de dimensiones adecuadas en muros, alambrados, rejas, o cercos, que impidan a los perros escaparse o sobrepasar el hocico más allá de los límites de aquéllas».
El proyecto dispone la aplicación de multas a los propietarios de perros que no cumplan con la futura ley, las cuales serán fijadas por la autoridad de aplicación teniendo en cuenta «la naturaleza y circunstancias de la infracción, situación del infractor y el carácter de reincidente que éste pudiera revestir». La ley no será aplicable a los perros pertenecientes a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas de seguridad y a las empresas de seguridad con autorización oficial.
Tampoco estarán alcanzados los animales utilizados para pruebas de trabajo y defensa deportivas con fines a la selección de los ejemplares que participan en las mismas, siempre que estén autorizadas y supervisadas por la autoridad competente, con exclusión de los ejercicios para peleas y ataque.
Tenencia Responsable
La diputada Pérez de Ibarra señaló en los fundamentos del proyecto que no pretende «establecer caprichosos prejuz- gamientos sobre el carácter de determinadas tipologías raciales, sino simplemente dar solución a una problemática actual, en respuesta del creciente número de accidentes graves, varios mortales, provenientes de perros» potencialmente peligrosos.
Sostuvo en ese sentido que «las virtudes de estos perros en cuanto a la defensa territorial y de su grupo familiar, son innegables y muy meritorias», pero remarcó que «la proliferación de estas razas de gran porte está provocando consecuencias no deseadas por sus propietarios».
La legisladora afirmó que el proyecto de ley aprobado «no pretende sino implementar una tenencia responsable» de perros potencialmente peligrosos, aspirando a «concientizar, mediante información, a los propietarios de estos animales de los cuidados a tener en cuenta».
Por último, destacó que la difusión de los recaudos a tomar para la tenencia del animal «redundará en beneficio de la comunidad en general, y en particular de los que conviven con el animal, aspirando a que de este modo disminuyan los ataques caninos injustificados y los daños por éstos causados».
En Colón fue ideado en 1996
En 1996 y en Colón fue ideado un sistema de microchips para instalarlo en más de 6000 perros.
Una compañía dedicada al tema se iba a ser cargo a un costo muy bajo. El acuerdo era que se hiciera una prueba piloto para controlar los perros de la calle y darlo a publicidad. Además el proyecto se financiaba con la puesta en funcionamiento por costo al sistema de salud que tienen los accidentes y mordeduras, contaminación de plazas etc. El proyecto contenía un programa de computación que reconocería cualquier perro que estuviera en la calle y los datos de su propietario, para la aplicación de multas.
El sistema cerraría con una ordenanza muy amplia y el “castigo” a los propietarios que dejaban los perros sueltos en la vía pública o lo sacaban a pasear sin el correspondiente bozal de seguridad.También se debía realizar en los paseos públicos un predio perfectamente delimitado para llevar a los perros con su respectiva correa y evitar el contacto con lugares donde jugaban niños o se concurría como esparcimiento. El costo de llevar adelante el proyecto era de 17 mil dólares.
En 10 años por no elegir el camino adecuado se gastó muchas veces más, sin tener en cuenta los costos por accidentes, mordeduras y horas caídas de trabajo. El tiempo calculado para terminar con la problemática de los perros callejeros ( sin sacrificar a los mismos) era de tres años y tenía diversas etapas a cumplir.
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