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17/08/2006
Apuro por residuos

El gobierno gira proyecto de expropiar tierras


El gobierno bonaerense dio el primer paso para asegurar el envió de basura de Capital y el Conurbano al interior: envió un proyecto de ley que formaliza la creación de zonas de propiedad provincial para la disposición final de los residuos, al mismo tiempo emplaza a todas las comunas a reducir en un 30 por ciento el entierre de desperdicios y los obliga a eliminar basurales a cielo abierto...


Con el tiempo en su contra por el fallo de la justicia que obliga a cerrar en un mes el depósito de la CEAMSE en Ensenada, el Ejecutivo decidió aportar los tiempos y giró el proyecto que dispone la creación de los Polos Ambientales Provinciales (PAP), áreas que el Estado comprará o expropiará a privados o municipios para instalar rellenos donde ubicar parte de las 3 mil toneladas diarias de basura que genera la zona metropolitana.


Aunque la jurisdicción seguirá estando en manos de las comunas, el control efectivo será de la Provincia, que no tienen por ahora limitaciones en cuanto a la distancia que esos 3 o 4 PAP deberán guardar respecto del Conurbano. Con todo, fuentes oficiales estimaron que podrían estar comprendidos en un radio de entre 100 y 150 kilómetros de ese conglomerado urbano.


El proyecto tampoco resuelve un punto crucial: la ubicación exacta de los PAP, aunque prevé la creación de una comisión bicameral en la Legislatura provincial, compuesta por seis legisladores de cada cámara, que asesore a la Secretaría de Medio Ambiente respecto de dónde debe instalarse, luego de realizados los estudios de factibilidad técnica pertinentes.


Cuando esa decisión esté tomada, los municipios afectados no tendrán chances de oponerse a la llegada de los residuos. Para las comunas habrá una obligación extra: deberán elaborar en seis meses un plan de tratamiento integral de los residuos que asegura la reducción progresiva, en 5 años, del 30 por ciento de la basura que hoy va a disposición final.


También tendrán que disponer un esquema de reutilización y reciclado, distinguiendo al menos entre dos tipos de desperdicios: los orgánicos y los inorgánicos. Todas las comunas recibirán asistencia técnica para encarar estas reformas, y las que reciban los PAP también se beneficiarán con desgrabaciones impositi- vas. Pero el proyecto no prevé ninguna instancia de participación comunitaria para controlar el nuevo sistema.


Aunque cerca de Solá piensan que la iniciativa demuestra “el coraje del gobernador para encarar en serio la solución de un tema tan complejo”, no es probable que la solución elegida pueda llevarse a la práctica sin controversias. El año pasado, varios pueblos se opusieron en la calle a la llegada de basura foránea, y hace unos meses, intendentes rechazaron de plano la creación de los PAP en su jurisdicción.
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