No fue el fruto de la casualidad, ni una desconocida revisión crítica de su historia. Uno de las primeras y más entusiastas muestras de apoyo al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó al Congreso y al Ejecutivo garantizar criterios de actualización de las jubilaciones 'en un plazo razonable' provino nada menos que de Domingo Felipe Cavallo, el mismo que como ministro de Economía todopoderoso de Carlos Menem, entre muchas otras decisiones paradigmáticas del país neoliberal, congeló la aplicación del precepto constitucional de la movilidad automática de las jubilaciones respecto de los salarios de los activos -a cada aumento de salarios corresponde un aumento proporcional de las jubilaciones- y determinó que fuera justamente el Congreso el que determinara las actualizaciones de las jubilaciones.
Tampoco es casualidad que, en total coincidencia -ya son muchas- con Cavallo, el gobierno de Néstor Kirchner también mostrara su total acuerdo con la disposición de la Corte, que en los hechos deja a su total arbitrio el aumento o no de las percepciones de los jubilados y, en todo caso, el índice a aplicar para actualizarlas.
La Argentina tiene un total de 3.318.886 beneficiarios del sistema previsional, lo que equivale apenas al 62,9 por ciento del total de los mayores de 65 años. Es decir, 1.793.309 mayores no reciben ninguna prestación. Además, de entre quienes sí perciben jubilaciones o pensiones, el 65 por ciento sólo gana la mínima, fijada en 470 pesos.
El fallo de la Corte Suprema se dictó para el caso personal del jubilado Adolfo Valentín Badaro, cuya jubilación de 1.400 pesos estuvo congelada -como la de todos los jubilados que superan una percepción de 1000 pesos- durante 14 años, hasta que sólo recibió una actualización del 11 por ciento.
Una interpretación sostiene que la decisión de la Corte de trasladar la definición al Congreso sólo compete al 1.200.000 jubilados que superan los 1000 pesos. Otros sostienen que la movilidad que fije el Parlamento debe contener a todos los jubilados, aunque la percepción mínima haya sido aumentada en mayor proporción.
En todo caso, en un país que acumula gigantescas sumas de superávit fiscal -se calcula que unos 30 mil millones de pesos en 3 años- la Corte Suprema consagró la tesis Cavallo según la cual la movilidad de las jubilaciones debe estar atada a la decisión de las cómodas mayorías oficialistas en el Congreso. O, como ya se está analizando, a un decreto de necesidad y urgencia del presidente, luego refrendado por el Parlamento.
El sistema previsional, junto con el tributario, es una de las principales herramientas para definir como se reparte la riqueza en un país. Según las polémicas cifras oficiales, un 37 por ciento de los argentinos son pobres.
Con el valor actual de la enorme mayoría de la jubilaciones, con los criterios de movilidad definidos por la Corte, a lo que hay que agregar el número de mayores que no cobran ni un peso, y la contundencia de un trabajo en negro, y por lo tanto con aportes casi nulos al sistema previsional, que supera el 44 por ciento, no hay dudas de que la jubilación es una de las principales variables de ajuste en el modelo capitalista argentino.
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