La funcionaria Leila Perrazo dispuso además la prohibición de efectuar controles en ruta y detener automóviles si no existe autorización expresa de la Jefatura provincial y la presencia de un oficial superior en el lugar.
Algunos rumores que circularon en el ámbito del departamento San Martín, donde existe un control sobre la ruta nacional 34 a pocos metros al sur del acceso a Casas, indicaban que el desencadenante fue un episodio ocurrido allí con un legislador o un alto funcionario del gobierno santafesino a quien los uniformados le solicitaron dinero para no demorarlo.
Si bien esa versión no pudo ser confirmada, Pera zzo manifestó que desde distintos puntos del país «llegaron denuncias indicando a personas que invocaban ser policías, solicitaban determinadas prestaciones, dinero o mercadería a los automovilistas y transportistas».
Ante esa situación «la Subsecretaría de Seguridad Pública dispuso que se implemente en las rutas santafesinas un sistema de contralor a través de varias áreas de gobierno».
Ahora los puestos camineros están controlados por personal de las unidades regionales, de las TOE y de Asuntos Internos.
Perazzo indicó que se desvirtuó la función de los destacamentos de ruta ubicados estratégicamente en la Provincia, «que tienen el objetivo de impedir que los delincuentes foráneos y propios circulen por los caminos.
Si estos puestos se están utilizando para otros fines debemos realizar acciones para revertir esa situación. Es lo que estamos tratando de demostrar con los controles que se imple- mentaron», explicó y manifestó que prefiere «no llamarle intervención».
La funcionaria dijo que «no se produjeron movimientos de personal en los respectivos puestos debido a que los efectivos que tienen que ver con estas denuncias jamás son identificados porque el denunciante desconoce con quien trató, pero las quejas existen».
Del mismo modo manifestó que ahora «habrá que ver qué sucede con el funcionamiento del nuevo sistema en el que intervienen varias fuerzas policiales y de distintos niveles.
Después de un tiempo y si las denuncias cesan, se habrá aportado mayor transparencia a la gestión.
Ese es el único objetivo», enfatizó.
En ese sentido, también impuso la prohibición de establecer controles informales para detener automóviles sin la correspondiente autorización expresa de la Jefatura provincial y sin la presencia de un oficial superior para controlar el operativo.
La modificación en la forma de controlar las rutas se ordenó para la totalidad del territorio provincial.
»Sobre esa zona -el departamento San Martín-, se recibieron más denuncias que de otros destacamentos», remarcó Perazzo y aseguró que confía en el nuevo sistema para contrarrestar las denuncias que también pesan sobre otros controles de las rutas 34 y 19.
Los primeros informes sobre la situación y el impacto de los nuevos controles llegarán a manos de Perazzo en los próximos días a través de la Subsecretaría de Seguridad Pública debido a que los controles en esa área dependen de la Dirección Provincial de Asuntos Internos.
Aunque resulta muy difícil comprobar el pedido de coimas en los puestos camineros, cualquier viajero atento podía observar que en muchos casos, cuando era detenido por un control policial, el efectivo que se ubicaba en el centro de la ruta después de dialogar con el chofer extendía su mano y la recogía con rapidez para disimular la acción.
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