La realidad es a veces muy dura y la sociedad debe conocerla. En las última semana se fugaron tres menores colonenses de institutos de Olavaria, Chapmadal y La Plata. Dos de ellos fueron detenidos en nuestra ciudad y remitidos nuevamente al centro de contención.
Uno de los adolescente tiene antecedentes por consumo de drogas, hurto y agresiones. La jueza de Menores Zulema Corona, una vez atrapado lo derivó nuevamente al lugar de rehabilitación con régimen abierto ubicado en Olava rria. Es la tercer vez en menos de dos meses que el chico se escapa y llega a nuestra ciudad donde es nuevamente atrapado y llevado por policías hasta el establecimiento de contención
Por otra parte, el sábado otro menor fue atrapado en un procedimiento en cercanías de la calle 55 y 23. El adolescente había escapado de un instituto en La Plata y tiene antecedentes por robo, hurto y hasta robo calificado.
En el mismo sentido, existe un pedido de captura contra otro menor de nuestra ciudad fugado que tiene antecedentes por robo y que estaba internado en un instituto de Mar del Plata.
Por último otro menor que vive en barrio Rivadavia y que fue protagonista de una serie de robos y hurtos sería puesto a disposición de la Justicia. En este momento existiría un petitorio confeccionado y firmado por vecinos debido a las molestias graves que causa en el vecindario.
Es una realidad dura. Los menores transitan al escaparse centenares de kilómetros, por lugares desconocidos, y corriendo muchas veces peligro de muerte en las rutas. Mientras tanto todavía no esta proyectado un centro de rehabilitación que trabaje con este tipo de menores en la Departamental Pergamino. Cabe destacar que el Centro a crearse en nuestra ciudad será para aquellos que cometen el primer delito.
Situación
En materia de minoridad en la Provincia prosigue en vigencia el decreto-ley 10.067 de la última dictadura militar. Una iniciativa del Ejecutivo debió haber sido enviada al Senado a fines de marzo último, según se había anunciado desde la Gobernación, pero ello se vio postergado dado que Felipe Solá, privilegió la remisión de los ocho proyectos correspondientes al Plan Trienal de Seguridad.
La normativa
El nuevo proyecto de Ley de Minoridad, como se sabe, reemplazará a la Ley 12.607, suspendida en su vigencia, decisión que sigue en estudio en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La iniciativa que se remitirá en breve a la Legislatura fue elaborada en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano y consen suada con senadores, diputados, entidades que trabajan en la protección de los derechos de los menores y expertos en la materia.
Para la elaboración de esta nueva iniciativa, se tomaron algunos aspectos de la Ley 12.607 y de un proyecto que en su momento había perge ñado el ex senador provincial Hugo Corvatta (PJ), aunque también se incluyen algunas propuestas que acercaron dirigentes de organizaciones no gubernamentales.
Aspecto central
Como aspecto central de la norma que se impulsará, según explicó el ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Cafiero, «expresamente, se deja aclarado que la sola situación de pobreza de los menores, por ningún motivo se podrá invocar como causal de intervención de la Justicia, por lo que con esta ley aboliremos definitivamente la judicialización de la pobreza».
En lo que hace a las diferencias del proyecto del Ejecutivo con la Ley 12.607, se destacaron aspectos presupuestarios relacionados con la organización del fuero de menores y con la distribución de los fondos con los que las comunas deberán atender la problemática de la minoridad.
En ese sentido, el titular de la cartera de Desarrollo Humano recordó que para aplicar la Ley 12.607 se necesitaban alrededor de 150 millones de pesos anuales, pero aseguró que el nuevo proyecto demandará unos cincuenta millones de pesos menos. Cafiero explicó que básicamente, el ahorro se produce a partir de que en el fuero, en vez de nuevos nombramientos se realizará una «redistribución» de «funciones» pero con la misma estructura actual.
Indice de vulnerabilidad
En lo que hace a la distribución de fondos para Minoridad entre los municipios, se indicó que de los cien millones presupuestados para el área, cincuenta irán a las comunas pero a partir de un criterio que tiene en cuenta el «índice de vulnerabilidad social y económica» de los menores.
La ley introduce una innovación de peso con respecto a la tramitación de las causas penales de los menores, porque se obliga a los jueces a investigar los ilícitos cometidos como en cualquier juzgado de garantías, porque, según consideró Cafiero, «con frecuencia, se tiene a un chico detenido mucho tiempo sin determinarse si realmente es culpable o no».
La iniciativa motoriza también la creación del Consejo Provincial del Niño y el Joven, entidad autárquica que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano; además, habrá un Comité Asesor Provincial dependiente del Poder Ejecutivo, y que estará constituido por diferentes ministerios, trabajadores del área, representantes de la comunidad y de entidades.
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