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15/07/2004
Jefes y jefas de Hogar

Investigación por planes sociales


El secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Nación, Daniel Arroyo, reconoció que «existen irregularidades» en la asignación de algunos planes sociales en distritos bonaerenses, las cuales comenzaron a ser investigadas por la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises).


En Colón –como adelantó Colón Doce- se habrían dado de baja 50 planes trabajar.
En algunos casos se habría demostrado que la mujer que tenía la ayuda convivía con su pareja que tenía trabajo.


En otros casos, en una misma familia habría varios planes sociales y se habría detectado que personas con una propiedad ( hectáreas de campo) tenía un plan Jefes y Jefas de Hogar.


En las últimas horas, el titular de la Ufises, el Fiscal Federal Guillermo Marijuán, denunció que en 77 de los 134 municipios bonaerenses hay empleados municipales en actividad que cobraron programas asistenciales nacionales destinados a desocupados.


Según trascendió , las presentaciones alcanzarán «en los próximos días a 33 comunas más, mientras que otras 15 se encuentran en observación de los investigadores».


Si las irregularidades se confirman, habría 125 comunas donde se registrarían estos casos de mala asignación de los planes de ayuda para los desempleados.


Según se señaló, se trata de 2.576 empleados involucrados, que podrían llegar a ser 3.700 si se confirman las sospechas del Fiscal Marijuán, quien consideró que junto con los trabajadores comunales «deben ser investigados los funcionarios públicos municipales y los miembros de los consejos consultivos que permitieron, participaron o encubrieron esta maniobra».


Las denuncias por «defraudación al Estado», delito que prevé una pena de dos a seis años de prisión, fueron presentadas ante distintos juzgados federales de la provincia de Buenos Aires.


El funcionario señaló que existen «1.800.000 Jefes y Jefas de hogar desocupados, y estadísticamente son muy pocos los casos» en los que se cometieron irregularidades.


«No hay ningún plan que esté manejado por el municipio o por organizaciones sociales.
Ellos anotaban a los beneficiarios, pero los beneficiarios cobran por el Banco», agregó Arroyo.


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