En los fundamentos del proyecto, la legisladora sostiene que los porcentajes exigidos en la normativa son muy altos, ya que se considera situación de desastre cuando la producción afectada supera el 80 % de su capacidad productiva, y emergencia cuando es superada en no menos del 50 % de afectación.
"En tal sentido, resulta necesario flexibilizar dichos parámetros, para considerar situaciones que, sin llegar a esos porcentuales de afectación, sin lugar a dudas comprometen sensiblemente la capacidad productiva del sector", consideró la diputada.
Atrip sostuvo que la legislación de emergencia agropecuaria debe resultar comprensiva de las distintas situaciones de riesgo que dañan la capacidad productiva, y "no de manera tajante comprender situaciones absolutamente extremas, lindantes con la ruina productiva, desentendiéndose de las situaciones intermedias".
"En este sentido -sostuvo-, la ley debe servir de herramienta útil para que el productor agropecuario Pyme, así como aquellas actividades productivas no tradicionales vinculadas a la actividad primaria (Horticultores, Floricultores, etc.) que no poseen grandes riquezas ni respaldo económico para afrontar las situaciones de crisis, puedan ser sostenidas en su recuperación y reinserción en la actividad productiva".
Por último indicó que "el sistema económico de la década del ‘90, junto a la ausencia de políticas públicas para el sector agropecuario, han hundido en una profunda crisis económica al pequeño y mediano productor rural".
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