14/06/2002
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Aplicación de tarifas en la energía eléctrica
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Desde hoy las concesionarias de las empresas de energía eléctrica podrán cobrar el cuarenta por ciento menos de la tarifa de energía eléctrica a los usuarios que puedan acreditar condiciones de indigencia en la provincia de Buenos Aires.
Salió publicado en el Boletín Oficial la ley provincial que habilita a que todos los usuarios desocupados, jubilados o pensionados que no superen el haber mínimo, titulares de pensiones graciables y del Programa de Inclusión Social para Jefes de familias puedan acceder a solicitar el beneficio a las empresas distribuidoras.
Pero, en última instancia será la Provincia la encargada de determinar a quiénes incluir en el beneficio. Por lo demás, las firmas distribuidoras de energía «podrán» otorgar a sus usuarios residenciales con escasos recursos el descuento en sus tarifas, pero no están obligadas a instrumentar ese beneficio.
La tarifa social implica una reducción del 40 por ciento de la boleta con un consumo que no deberá exceder los 150 kwh/mes, lo que equivale a una boleta de 28,7 pesos.
Los municipios serán los encargados de confeccionar la lista de los que pretenden ser incluidos entre los beneficiarios. Las distribuidoras de energía Eden, Edes, Edea y más de 200 cooperativas que prestan el servicio eléctrico en el territorio bonaerense, por ley podrán a partir de ahora cobrar una tarifa un 40 por ciento más barata a los sectores de escasos recursos.
Es la ley 12.698 la que dispone la posibilidad de la aplicación de una Tarifa Eléctrica de Interés Social -TEIS- a usuarios que se encuentran imposibilitados de acceder o mantener el servicio eléctrico y cuyo consumo no exceda los 150kwh mensuales.
La distribuidoras tendrán la obligación de mantener la prestación a los beneficiarios del TEIS en idénticas condiciones de calidad, continuidad y regularidad que las normadas para los usuarios residenciales.
Las comunas concedentes y el organismo de control -OCEBA- deberán vigilar el estricto cumplimiento del sistema reglamentado e informar sobre cualquier acto discriminatorio a la autoridad de aplicación
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