07/12/2001
|
Autarquía de Consejos Escolares
|
Quieren vetar la ley
El viernes se conoció una nota enviada por el titular de Educación al Director Provincial de Apoyo a la Coordinación Legislativa e Institucional de la Gobernación, Jorge Luis Macchi, en la que le sugiere al Gobernador «que ejerza su facultad de veto».
Una de las objeciones esgrimidas de manera formal por Oporto apunta a que la ley le permite a los Consejos Escolares acudir a la Suprema Corte de Justicia para dirimir sus conflictos. Ese aspecto se basa en un criterio de descentralización de los consejos, pero vulnera el principio de integración a la Dirección General de Cultura y Educación.
«Los organismos desconcentrados constituyen entes administrativos descentralizados caracterizados básicamente por la falta de personería jurídica y patrimonio propio; y la sujección al principio de jerarquía al órgano al que se integran administrativamente», expresó Oporto en los fundamentos de un anteproyecto de decreto del veto. «La ley sancionada desvirtúa esa naturaleza administrativa al otorgarles personería jurídica, presupuesto propio y autarquía jurídico-administrativa», agregó.
Más consejeros
Por otra parte, el titular de Educación se opuso a que se amplíe el número de consejeros escolares existentes en la Provincia, y también rechazó que se les atribuya una remuneración mediante la asignación de dietas mensuales y gastos de representación.
Se argumentó que dicha medida «atenta contra la grave y persistente emergencia económica y presupuestaria por la que atraviesa la Provincia y la Nación».
La noticia del veto total a la ley sancionada hace diez días, fue recibida con críticas de parte de la oposición política en el Senado. Según se explicó, la ley todavía no fue promulgada porque la Cámara de Diputados demoró la comunicación de la sanción al Ejecutivo. Algunas versiones indicaban que la finalidad de esa demora era consensuar entre el oficialismo y la oposición los futuros cambios que tendrán que proponer ante la realidad del veto del gobernador.
Con la ley votada por los legisladores provinciales, y que quedará en la nada por el veto del gobernador, los consejeros escolares iban a tener un rol más importante al recuperar facultades para ejercer el gobierno inmediato de la educación en cada distrito.
El adelanto
Tal cual lo adelantó Colón Doce hace tres ediciones, en concreto, la ley los habilitaba para ejercer «la representación política en todas las áreas de incumbencia y tendrán a su cargo la gestión y administración local de los servicios educativos, con exclusión de los aspectos técnicos pedagógicos».
La nueva normativa le hubiera permitido a los Consejos Escolares elaborar sus propios presupuestos de acuerdo con la cantidad de establecimientos y la matrícula que registra el distrito.
En lo referente a la realización de trabajos de infraestructura, los consejeros escolares podían participar en el diseño, el control y la fiscalización de las obras.
Por otra parte, el Consejo Escolar iba a recibir la atribución de convocar a su seno y recabar informes a las instancias de conducción educativa de la región y el distrito: Inspectores Jefes e Inspectores de cada rama de la Enseñanza de gestión estatal y/o privada, Secretarías de Inspección, representantes del Tribunal Descentralizado de Clasificación, representantes de las asociaciones gremiales docentes y no docentes, vinculadas al ámbito educativo.
Pero quizás el tema que más interesó a los consejeros, y que más preocupó al Poder Ejecutivo, fue el mandato legal de atribuir recursos para gestiones y dietas para quienes realizan la tarea en el Consejo Escolar y no cuentan con otro ingreso del Estado.
|
|
|
