Lo adelantó Colón Doce en su chismes políticos. La situación vuelve a caldearse entre oficialismo y oposición.
El lunes llegó al Concejo Deliberante el pedido de informes realizado por los ediles -Alianza y oficialismo- al Juzgado Comercial Nº 2 de la Capital Federal. Los legisladores colonenses requirieron información sobre el estado de la causa de Carlos Mazzieri llevada adelante por la Afip por evasión impositiva en su fábrica particular.
Sintéticamente la contestación del Juzgado Nº 2, señala que el imputado presentó un recurso de revisión. Para los aliancistas la respuesta es una certificación a sus sospechas, debido a que el recurso de Revisión se realiza sobre sentencia firme.
Para la defensa, con otra línea de pensamiento judicial no es así y no existiría sentencia firme hasta que el pedido de revisión sea denegado o por el contrario la causa sea revisada.
Por otro lado, el diputado Ramón Torres Molina dijo que ahora el Concejo Deliberante debe pedir la destitución del primer mandatario municipal y si no ocurre esta metodología, la Provincia de Buenos Aires deberá intervenir.
Por último, existe un pedido del diputado Ramón Torres Molina en la Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara de Diputados Nacional.
En esa Comisión se encuentra Elisa Carrió y Graciela Kichner. Hace poco días, legisladores del partido Justicialista, integrantes de esa comisión se comunicaron telefó-nicamente con dirigente aliancistas de nuestra ciudad para informarse sobre el tema en cuestión.
La resolución
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación firmó un dictamen por unanimidad para que se de curso el proyecto de resolución presentado por el diputado nacional Torres Molina (Frente para el Cambio) con el fin de que el Poder Ejecutivo, requiriendo previamente información a las autoridades bonaerenses, informe las razones por las cuales "continua en el cargo el intendente Municipal de Colón, Provincia de Buenos Aires, Carlos Alberto Mazzieri, quien a sido condenado a la pena de tres años de prisión por una defraudación al fisco de 10 millones de pesos".
El Diputado solicita que se informe a las autoridades provinciales competentes han efectuado alguna denuncia penal con motivos de la continuación en el cargo del Intendente de Colón en violación a las normas vigentes. El legislador fundamente su pedido en el artículo 5º de la Constitución Nacional que establece como obligación de las Provincias la de asegurar el régimen municipal.
Según Torres Molina la situación del Intendente Mazzieri está contemplada por la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires cuyo artículo 248 dice que imputándose al Intendente la comisión de un delito corresponde sus suspensión preventiva y que producida sentencia firme condenatoria también procede su destitución".
